España recorta un 30% las ayudas a la vivienda en la última década mientras aumenta un 52% el gasto en pensiones de jubilación

Las administraciones públicas gastan miles de millones en protección social con el fin de atender situaciones de necesidad de la población mediante un sistema que obtiene los ingresos fundamentalmente de las cotizaciones sociales y que divide el desembolso en varios ámbitos de acción. El mayoritario siempre ha sido el destinado a la vejez y el minoritario el de la vivienda, aunque la diferencia entre ambos extremos se ha agrandado en los últimos años por el progresivo envejecimiento de la población. En paralelo a este cambio demográfico ha surgido una crisis habitacional de las generaciones jóvenes, para las que hay poca oferta de vivienda y a precios demasiado elevados en comparación con sus salarios.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Trabajo, las administraciones públicas gastaron en 2022 un 29,7% menos en ayudas a la vivienda que en 2011, año en el que se alcanzó el récord de gasto en términos nominales. En concreto, han pasado de destinar 2.437 millones de euros a 1.713 millones para “subvenciones de alquileres y de intereses a las familias adquirientes de vivienda”. Estas cantidades no están ajustadas con la inflación, por lo que la caída sería aún mayor si se hiciera la comparación en euros reales, no disponibles en las cifras oficiales. Por otra parte, en estos datos no se incluyen las nuevas ayudas que están aprobando desde 2023 entidades locales, comunidades autónomas y el Estado, que podrían elevar la cantidad total gastada en los próximos años.

El gasto en protección social se resintió con el estallido de la crisis financiera y de la posterior crisis de deuda y afectó a todas las partidas excepto a una: el gasto en vejez. Según los datos, el desembolso en esta área por parte de las administraciones públicas alcanzó en 2022 los 139.241 millones de euros, un 52,4% más que en 2011, cuando fueron 91.342 millones. Este incremento se debe sobre todo a la jubilación de una generación más numerosa que las posteriores y con mejores salarios que las anteriores, pero también ha influido la revalorización anual de las pensiones contributivas y no contributivas, que se ha producido incluso en los años de más recortes (un mínimo del 0,25% entre 2014 y 2017).

Si se compara el peso en el PIB de cada área de gasto, la tendencia se confirma: los ámbitos que más aumentan son el de vejez, que pasa a suponer el 10,1% del PIB en 2022 (+1,6 puntos) y el de enfermedad, que alcanza el 7,7% (+0,7 puntos). Cabe destacar el aumento del gasto en exclusión social, que ha pasado a suponer el 0,5% del PIB (+0,3%) gracias a la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital. En sentido contrario, el mayor descenso se ha producido en el desempleo, que ha caído al 1,7% del PIB (-2 puntos) por el menor número de parados, aunque también ha descendido el peso del gasto en invalidez (1,6%) y en vivienda (0,1%).

El gasto público destinado a la vivienda no solo se ha reducido en lo relativo a la protección social: las inversiones en promociones públicas y en otras políticas relacionadas con el mercado inmobiliario cayeron tras la crisis inmobiliaria, según reflejan los datos del Ministerio de Hacienda. En 2008 el gasto público en vivienda suponía el 2,6% del gasto total y desde 2011 ha descendido al entorno del 1%. Respecto al PIB, solo supone el 0,5% frente al 1,1% de 2008 y el desembolso se concentra en las administraciones regionales y locales por cuestiones competenciales.

La parte de la protección social que España destina a vivienda (0,1% del PIB) es muy inferior a la de otros países comparables de la Unión Europea. Según los últimos datos disponibles en Eurostat, los que más gastan en proporción son Finlandia (0,9%), Dinamarca (0,6%), Francia (0,6%) y Alemania (0,5%), todos por encima de la media de la UE (0,4%). La distancia es aún mayor si se compara en términos per cápita, con España en el puesto 15. De hecho, España es uno de los cinco países de la zona euro que gastó menos en ayudas a la vivienda en 2021 que en 2011 y tiene carencias como que solo el 2,5% del total de casas construidas se destina a vivienda de protección oficial, frente al 9% de la media comunitaria.

En general, el gasto en protección social de España se sitúa por debajo de la media, incluso en el área de vejez. Uno de los motivos es que, a diferencia de la mayor parte de los países de la UE, el sistema de protección social de España es deficitario, con un desfase entre ingresos y gastos en el año 2022 de 482,8 millones a pesar de las ingentes aportaciones públicas, que son casi de la misma magnitud que las cotizaciones sociales. Según prevén organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) el envejecimiento de la población hará que el gasto en este tipo de cobertura social siga aumentando hacia las partidas que ya son mayoritarias, dejando poco espacio fiscal para aumentar los recursos al resto de áreas.