Sanidad ultima un protocolo para el registro de médicos objetores al aborto: “Las regiones no pueden ampararse en ese vacío legal”

Aunque la ley en España establece que las mujeres pueden abortar hasta la semana 14 de gestación, y según datos del Ministerio de Sanidad en 2023 se registraron un total de 103.097 interrupciones voluntarias del embarazo, casi un 5% más que en 2022, aún son muchas las barreras a las que se enfrentan para acceder a estos servicios, pues son varias las regiones donde solo se realizan en centros privados y solo 5 regiones de las 17 cuentan con un registro de médicos objetores de conciencia como exige la norma.

Con el objetivo de solventar ese problema, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes que su cartera ya tiene listo el borrador de protocolo de registro de personas objetoras de conciencia que se ha desarrollado con diversas comunidades autónomas y que, antes de que se acabe el año, se presentará ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Este protocolo, ha indicado, responde “a una deuda pendiente” que marca la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

“Su implementación garantizará el cumplimiento de la ley y establecerá las bases para que las comunidades autónomas desarrollen sus registros de objetores de manera homogénea y coordinada en todo el territorio, asegurando que no haya lugar para excusas o vacíos legales”, ha indicado la ministra en un desayuno informativo del Foro Salud de Nueva Economía Fórum, en el que también ha estado presente el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

García ha asegurado que no se puede consentir que “la lucha política se dé sobre el cuerpo y la vida de las mujeres” como está ocurriendo en países como Italia, Argentina, Hungría e incluso en España, y ha subrayado que el derecho al aborto “no tiene vuelta atrás”. ”Es un desafío que este derecho se consagre en nuestra sanidad pública”, ha destacado, al tiempo que ha defendido que se pueda acudir a los centros de la sanidad pública para que estos abortos sean “libres y seguros”.

En esta línea, Más Madrid ha registrado una proposición no de ley en la Asamblea regional para que se cree un registro de objetores de conciencia del aborto, por entender que esta comunidad ampara el bloqueo de las interrupciones públicas del embarazo en la sanidad pública. De hecho, según ha denunciado CCOO, de los 20.574 abortos notificados en 2023, solo 56 se realizaron en un hospital de la red del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), mientras que los 20.518 restantes se hicieron en clínicas privadas autorizadas, lo que supone un 0,27% del total (en 2022 fue un 0,30%). Además, el sindicato señala que en la región “solo siete de los hospitales que conforman la Red del Servicio Madrileño de Salud practicaron estas intervenciones”.

Más Madrid también destaca en su propuesta la necesidad de que se compruebe, a través de inspecciones sanitarias, que las clínicas acreditadas para realizar la interrupción voluntaria del embarazo hayan eliminado el periodo de los tres días de reflexión, así como la importancia de promover el uso del aborto farmacológico en las semanas de gestación en las que está indicado, “garantizando un acompañamiento y seguimiento de calidad durante el proceso”.

Asimismo, el partido que lidera Manuela Bergerot exige una “mejora calidad de la información que se brinda a las mujeres” que desean interrumpir su embarazo o tienen que someterse a un aborto terapéutico, para así “preservar su indemnidad, dignidad y libertad durante el proceso”.