El Gobierno respeta pero no comparte que el Supremo no admita la amnistía para el delito de malversación: “Se acabará aplicando y será constitucional”

El Tribunal Supremo ha confirmado que no aplicará la amnistía al delito de malversación de los líderes del procés, una decisión con la que no están de acuerdo en el Gobierno de Pedro Sánchez. El ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha subrayado este lunes que respeta pero no comparte la decisión del Tribunal Supremo. “Respeto la decisión de los jueces, pero desde luego no comparto esa sentencia”, ha subrayado López en una entrevista en La Sexta este lunes. El responsable de Transformación Digital ha criticado que los jueces hayan realizado “comentarios políticos que no vienen al caso”. En su opinión, los jueces no deberían hacer apreciaciones políticas, ya que ésta es la tarea del poder legislativo, “y el Parlamento ya votó”, ha afirmado.

No obstante, en su resolución, la Sala de lo Penal, presidida por Manuel Marchena, ha subrayado que la interpretación de los preceptos legales no puede basarse únicamente en la voluntad política de amnistiar un hecho. Explican que “la interpretación de los preceptos” les ha llevado a excluir el delito de malversación de la amnistía porque “exige atender no sólo a lo que ahora los recurrentes dicen que el legislador quiso amnistiar, sino a lo que efectivamente proclama la norma jurídica mediante la que pretende hacerse valer el perdón a los condenados”.

Y continúan: “Como ya apuntábamos en el auto impugnado, entre la voluntad política que determina un cambio legislativo y los enunciados normativos con los que ese cambio pretende llevarse a cabo, es indispensable un enlace lógico, coherente y acorde con elementales exigencias de técnica jurídica”. Esta postura también fue adoptada por el magistrado Pablo Llarena, instructor del procés, para denegar la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont.

Aun así, López está convencido de que “en el camino final se acabará aplicando y será constitucional, que es lo que siempre hemos defendido”, ha indicado. Además, ha señalado que “más allá de una sentencia u otra, la ley avanzará con toda normalidad y cumplirá su objetivo”, que no es otro que poner fin a un problema que requería de una respuesta política y no judicial.

La decisión afecta directamente a Oriol Junqueras y a los exconsellers Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bass quienes ahora podrán recurrir ante el Tribunal Constitucional. La Sala de lo Penal ha reiterado que la malversación cometida por estos líderes implicó un beneficio personal, lo que la exclusión de la amnistía según la normativa vigente.

Los magistrados entienden que “solicitar que esta Sala interprete la ley de amnistía sin otra referencia que la que proporciona la voluntad del legislador es pedir que abdiquemos de nuestra función como jueces”. Y añaden: “Las leyes no pueden interpretarse como un mandato verbal dirigido por el poder político a los jueces. Los textos legales, en cuanto textos escritos, encierran un mandato que se encuentra inserto en su propia letra. De la voluntad del legislador no queda más que el lenguaje y los conceptos jurídicos mediante los que ha querido materializar su propósito”. “Por consiguiente -concluyen- el imperio de la ley sólo puede garantizarse una vez el texto legal publicado es sometido a una interpretación judicial verificada conforme a las pautas hermenéuticas que definen el canon de racionalidad impuesto por el deber constitucional de motivación”.