Condenan al Gobierno de Aragón a pagar 54.000 euros a un paciente que tuvo que operarse en la privada para salvar su vida

El hombre, de 68 años, sufría una grave enfermedad cardíaca y tuvo que pedir un préstamo bancario para ser operado en una clínica después de que el Hospital Miguel Servet de Zaragoza se lo denegara

Instrumentos para operar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Juzgado de lo Social número cinco de Zaragoza ha condenado al Gobierno de Aragón a pagar 54.500 euros a un paciente que sufría una grave enfermedad cardíaca y que tuvo que recurrir a la sanidad privada para realizarse una operación y así salvar su vida.

El hombre, de 68 años de edad, acudió en marzo de 2021 al Hospital Miguel Servet de Zaragoza y allí fue ingresado de urgencia tras haber sufrido un episodio sincopal presentando un cuadro de insuficiencia cardiaca descompensada, aparentemente relacionada con una sepsis por infección urinaria. Sin embargo, los profesionales sanitarios del centro le comunicaron que no sería operado, “lo cual implicaba la muerte segura del paciente en un plazo de 4 a 5 días”, explica en un comunicado el abogado Ricardo Agóiz, de los servicios jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente.

Ante esta situación, el paciente acudió a la Clínica de Navarra, donde fue operado de forma inmediata con éxito, una intervención que superó los 50.000 euros, por lo que se vio obligado a pedir un préstamo bancario. Por ello, el hombre decidió acudir a esta asociación para requerir al Gobierno de Aragón el coste de la operación que le había salvado la vida y que se negaron a realizar en el Hospital Miguel Servet.

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Sala de quirófano. (Shutterstock)

“Es una vergüenza”

Al desestimarse la petición, se acudió al Juzgado de lo Social número 5 de Zaragoza, que dictó sentencia el 22 de julio de 2024, si bien se hizo firme este mes de septiembre y por la cual se estima la petición del paciente, obligando al Gobierno de Aragón a abonarle los 54.595 euros que costó la intervención al considerar que se encontraba en situación de riesgo vital. “Es una vergüenza que paguemos la sanidad pública y si queremos sobrevivir tengamos que abonar, además, 50.000 euros para salvar la vida”, critica Carmen Flores, presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente.

Por su parte, el letrado Agóiz, especialista en derecho sanitario, recuerda que “el paciente salvó su vida porque su familia y él tenían recursos económicos para avalar el préstamo al banco”, y que, de lo contrario, habría fallecido.

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