Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se enfrentan a importantes barreras a la hora de investigar a sectas destructivas en nuestro país. El principal motivo es la ausencia en nuestro Código Penal de un delito que castigue las prácticas de manipulación que emplean para captar a sus víctimas. En un intento desesperado por cambiar de rumbo, asociaciones y familiares de afectados por estos grupos presentan este jueves una propuesta legislativa en el Congreso de los Diputados junto con una recogida de 300.000 firmas.
El texto entregado a los grupos parlamentarios, al que ha tenido acceso Infobae España, propone tipificar el delito de “persuasión coercitiva” en un nuevo apartado del artículo 172 del Código Penal, relativo a las coacciones. La propuesta, redactada por el abogado Carlos Bardavío, castigaría con penas de prisión “de cinco a ocho años” a quien “mediante violencia, intimidación, engaño coercitivo o técnicas o procedimientos de persuasión coercitiva física o y/o psíquicas, impidiere la libre formación de la voluntad, la libertad de decisión y/o de ejecución de actuar en general que lleve a un estado de dependencia coercitivo”.
La persuasión coercitiva, que ya ha sido tipificada como delito en el Código Penal de otros países de nuestro entorno, se define en la propuesta como “las conductas que produzcan control social, emocional, ambiental, cognitivo o volitivo, o inducción de estados disociativos de la realidad”. Por otra parte, califica el engaño coercitivo como “las conductas que sin comprenderse en la persuasión coercitiva consistan en la creación de una realidad deficitaria que produzcan control social, emocional, ambiental, cognitivo o volitivo, o estados disociativos de la realidad”.
Estafas piramidales y violencia de género
Según los expertos, las técnicas de manipulación psicológica son utilizadas por las sectas destructivas, aunque también por las estafas piramidales o los hombres que ejercen la violencia de género. Por lo tanto, de llegar la propuesta a buen puerto -tendrá que superar todo el trámite parlamentario-, se incorporaría a la legislación una herramienta que permitiría penar penar este tipo de conductas. En el texto que llega este jueves al Congreso también se incluye el reconocimiento de la persuasión coercitiva que hizo el Tribunal Supremo en una sentencia dictada en abril de 2021.
A la propuesta legislativa, que llega de la mano de la asociación RedUNE, se adjuntará la recogida de hasta 300.000 firmas que proceden de tres fuentes diferentes, aunque persiguen el mismo objetivo. Buena parte de las peticiones proceden de la recogida de firmas realizada por la familia de Patricia Aguilar, la joven de Elche (Alicante) captada por una secta peruana durante 548 días. De hecho, sus familiares estarán presentes este jueves en el Congreso de los Diputados.
La segunda fuente es una petición abierta por varias familias afectadas por la presunta criptosecta IM Mastery Academy, un caso que sí pudo judicializarse por otros delitos y que se sigue instruyendo en la Audiencia Nacional. Por último, se sumaron las firmas recogidas por víctimas de la secta La Familia del Alma, desmantelada por la Guardia Civil en la provincia de Castellón.
El presidente de la asociación RedUNE, Juantxo Domínguez, explica que la intención de los promotores de la propuesta es que los partidos políticos, partiendo de ese texto, elaboren una Proposición de Ley o Proposición No de Ley que se tramite en el Congreso. Afirma que en los últimos meses han mantenido “contactos” con el PSOE y otros grupos parlamentarios.