La justicia de Canarias suspende la orden del Gobierno regional de no acoger menores migrantes sin su autorización

El TSJC acordó el pasado viernes suspender de forma cautelar del protocolo, después de que la Fiscalía considerara que vulnera los derechos fundamentales de los menores

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Fotografía archivo. Llegada de 61
Fotografía archivo. Llegada de 61 inmigrantes, EFE/ Gelmert Finol

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha suspendido este jueves de forma cautelar el acuerdo que el Ejecutivo de Fernando Clavijo había aprobado el 2 de septiembre, para que las ONG no recibieran a menores migrantes no acompañados que llegaran de manera irregular a las islas sin autorización expresa.

“Nos encontramos ante una medida que altera de manera sensible el procedimiento de entrega y asistencia de los menores migrantes no acompañados que hasta entonces se venía observando, y cuya puesta en práctica puede comprometer los intereses de este colectivo especialmente vulnerable, de ahí que apreciemos la especial urgencia en la adopción de la medida”, dicta la sala.

El TSJC accede a la medida al apreciar la “especial urgencia” que alegaba la ONG, pues, expone, la decisión del Gobierno canario “supone que, desde la adopción del acuerdo impugnado, los nuevos menores migrantes que lleguen a las costas de Canarias no van a ser recepcionados de manera automática en los centros de acogida gestionados por las entidades colaboradoras contratadas por el Gobierno del Canarias, sino que esta recepción queda supeditada a la previa comunicación de conformidad o a la autorización expresa de las autoridades autonómicas competentes”.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha tomado esta decisión sin contar todavía con las alegaciones del gobierno canario, que dispone de tres días para presentar su defensa. La decisión también llega seis días después de que el mismo tribunal suspendiera el protocolo tras considerar la Fiscalía que vulnera sus derechos fundamentales.

La intención del gobierno de Clavijo con ese pacto era que los menores quedasen bajo la guarda y custodia del Estado encargado de su recogida en el mar y posterior identificación, haciendo así que la competencia de los menores no quedase a cargo de las islas, sino a nivel estatal.

El pasado 2 de septiembre, tras la celebración del pacto migratorio, Fernando Clavijo explicó que la Ley Orgánica 1/1996 establece que los menores son competencia de la comunidad autónoma únicamente si se encuentran en situación de abandono. Argumentó que ninguno de los menores que llega a las costas canarias está abandonado, ya que son recogidos en el mar por embarcaciones del Estado. “Estando bajo la guardia del Estado, no está abandonado ni está, por supuesto, en una situación de desamparo. Por lo tanto, no es competencia de la comunidad autónoma, es competencia del Estado”, ha dicho Clavijo en declaraciones a los medios.

El TSJC ha dejado en suspenso de manera provisional dicho acuerdo, tras la solicitud de la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado. Los magistrados argumentan que la medida “puede comprometer los intereses de un colectivo especialmente vulnerable”, refiriéndose a los menores extranjeros no acompañados.

El auto no implica el cierre definitivo del procedimiento, sino que responde a la solicitud de suspensión de manera provisional y urgente, sin escuchar a la otra parte debido a la extrema urgencia del caso. A partir de ahora, se inicia una nueva fase en la que la Comunidad Autónoma podrá presentar las alegaciones que considere pertinentes.

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