La Fiscalía denuncia que la llegada de solicitantes de asilo a las salas de Barajas “ha favorecido la inmigración irregular”

“Esta situación ha supuesto un verdadero colapso, no solo en el aeropuerto, sino también de los recursos de primera acogida”, relata el Ministerio Público

Guardar
Un hombre mira los aviones en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en una imagen de archivo (EFE/Fernando Villar)
Un hombre mira los aviones en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en una imagen de archivo (EFE/Fernando Villar)

La Fiscalía de Madrid ha presentado este jueves su memoria anual, en la que han puesto especial atención sobre la inmigración irregular y como el “colapso” de las salas de asilo del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas estaría favoreciendo la entrada de personas sin documentación.

“En la frontera aérea de Barajas se observaron a lo largo del pasado año ciertos flujos de viajeros que alertaron a las unidades policiales especializadas al poder responder a movimientos migratorios irregulares promovidos por organizaciones internacionales (de menores nacionales de Turquía, de nacionales de Nepal, de Somalia), produciéndose en la segunda mitad del año, -especialmente en el último trimestre-, una situación de clara saturación de las salas de inadmitidos y de asilo, que ha culminado en una situación que podría calificarse de crítica, a finales del 2023 y comienzos del 2024″, explican en el documento.

Del tema destacan que en el último trimestre del año ha habido una “llegada masiva de migrantes no acompañados indocumentados” a la comunidad de Madrid. “No solo los procedentes de las Islas Canarias, sino también, y de manera mucho menos controlada, a través del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, en vuelos procedentes de Casablanca y con destino diferentes países sudamericanos, que no solicitan visado de tránsito”, relatan.

“Ello ha favorecido la inmigración irregular y la proliferación de llegadas de personas que dicen carecer de documentación y que, una vez en la zona de tránsito, no continúan su viaje, sino que solicitan asilo en nuestro país”, continúa explicando la Fiscalía en su memoria.

“Un verdadero colapso”

Según el escrito, la mayoría de estas personas proceden de Senegal y Somalia y para el viaje utilizan pasaportes de Kenia, “que después no tienen en su poder, y que, según declaran, recogían datos no veraces, como la edad, manifestando muchos de ellos ser menores y carecer de documentación para acreditarlo”.

“Esta situación ha supuesto un verdadero colapso, no solo en el aeropuerto, sino también de los recursos de primera acogida. Y también del área de protección de esta sección, que ha visto cómo se pasaba de 213 diligencias de determinación de la edad en el año 2022, a 404 en 2023; 203 en los meses de noviembre y diciembre, quedando 94 pendientes de incoar a 31 de diciembre, pues no ha sido posible asumir la avalancha de asuntos diarios de esta naturaleza (más de 25 días algunos días) que han tenido entrada en la sección, y que se suman a los otros muchos asuntos que se tramitan y tienen entrada en esta área”, denuncian.

Además, añaden que esto también acaba repercutiendo en el ámbito sanitario “donde se han de realizar las pruebas médicas que se entienden necesarias para determinar la edad de los indocumentados, con considerables retrasos en el servicio de radiología del hospital que da servicio a este fin, el Gregorio Marañón, y que están suponiendo, incluso, la suspensión de pruebas previstas de pacientes geriátricos y de pediatría”.

“Como ocurriese con los migrantes procedentes de Turquía en ejercicios anteriores, las sospechas de que detrás de estos flujos puedan estar desarrollándose actividades ilícitas, se han incoado unas diligencias de investigación en protección de menores, de cuyo resultado se informará, en su caso, en la memoria del ejercicio venidero”, concluyen.

Estas salas de viajeros inadmitidos y para solicitantes de asilo llevan meses siendo tema de debate, debido principalmente a las condiciones insalubres donde permanecen atrapadas y hacinadas –durante más de una semana en muchos casos– hasta 400 personas, según han denunciado sindicatos policiales y diferentes ONG.

Guardar