La vivienda se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la población en España, que considera que el acceso a un hogar es el principal factor de desigualdad. La compra y el alquiler se han disparado incluso en ciudades que antes eran asequibles, asfixiando así a miles de familias y jóvenes, y de momento los partidos políticos -principalmente las formaciones de derecha y la ultraderecha- no parecen muy interesados en dar soluciones al problema. Así al menos se demostró la semana pasada en el pleno del Congreso de los Diputados, que rechazó tramitar una proposición de ley promovida por organizaciones sociales y de inquilinos para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones después de que los siete diputados de Junts votaran en contra, en lugar de abstenerse como habían anunciado. El texto también fue rechazado por el PP, Vox y UPN.
Esta decisión del Congreso, considerada por los colectivos sociales como “la gota que ha colmado el vaso de la rabia y la frustración”, ha servido a una treintena de organizaciones por el derecho a una vivienda digna para dar un paso más allá e impulsar nuevas medidas de protesta, convocando a una movilización en Madrid por el derecho a la vivienda el próximo 13 de octubre. “Hay una mayoría social que lleva demasiado tiempo pagando la crisis de la vivienda, mientras una minoría se enriquece a costa de su esfuerzo y trabajo”, destaca el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que aclara que en esta región la crisis es hoy en día “mucho más grave que hace 4 años” y responsabiliza de ello tanto al Gobierno central, “por no haber frenado la especulación inmobiliaria y la burbuja de los alquileres” como al gobierno autonómico que lidera Isabel Díaz Ayuso y los gobiernos municipales “por su absoluta dejadez de funciones y sus políticas a favor de las inmobiliarias”.
Y aunque el sindicato destaca la responsabilidad que tienen los diferentes gobiernos en la materia, asegura que también los caseros son en gran medida “culpables” de este problema. Si el Congreso, además, se sigue negando a debatir sus propuestas, no descartan otro tipo de acciones como una huelga de alquileres en Madrid para “forzar a los rentistas a reducir el precio de los alquileres hasta un 50%, de tal forma que los inquilinos puedan destinar a la vivienda sólo un tercio de sus ingresos mensuales”, pues actualmente ese porcentaje suele superar el 60%.
“Se trata de una medida de presión colectiva en la que las inquilinas e inquilinos, de manera organizada, dejamos de pagar nuestros alquileres, ya sea total o parcialmente, para exigir mejoras en las condiciones de habitabilidad, frenar subidas de los alquileres o negociar cláusulas abusivas con los propietarios”, indica a Infobae España Pablo Pérez, portavoz del sindicato, que asegura que las prácticas especulativas de “fondos buitres y otros rentistas” están expulsando a miles de familias de sus hogares.
A diferencia de otros países como Estados Unidos o Canadá, dejar de pagar al alquiler en señal de protesta no está amparado como derecho en la legislación española y, por lo tanto, podría tener consecuencias legales para quienes incurran en esta práctica como reclamaciones judiciales o incluso desahucios. No obstante, el sindicato aclara que sí han organizado huelgas de alquiler parciales como la que actualmente mantienen en Madrid un total de 900 inquilinos del Fondo Buitre Azora, “que han dejado de pagar partes del alquiler asociadas a cláusulas abusivas como el pago de un seguro de impago del IBI de la comunidad”, conceptos que corresponden al casero y no al inquilino.
El ejemplo de Barcelona en 1931
Desde el sindicato también recuerdan que en España ya hubo una gran huelga de alquileres. Fue en la Barcelona de 1931 cuando unas 90.000 familias dejaron de pagar sus rentas durante unos meses, ya que estaban alcanzando precios desproporcionados en comparación a sus salarios, tal y como está ocurriendo actualmente. Aunque esta protesta que comenzó en la Barceloneta y que pronto se extendió a otros barrios de la ciudad condal fue duramente reprimida, también sirvió a muchos inquilinos para respirar aliviados un tiempo y negociar rebajas con los propietarios.
“No es una situación muy diferente a la que vivimos ahora. Es algo que nos sirve de inspiración en un momento en el que claramente vemos que todos los políticos y las instituciones nos están fallando y que debemos ser las inquilinas organizadas las que tomemos la iniciativa”, añade Pérez. De hecho, las últimas declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien este martes apelaba a la “solidaridad de los caseros” para contener los precios del alquiler, no solo han provocado indignación en el movimiento por el derecho a la vivienda, sino también la crítica de Sumar y sus aliados al considerar que su postura implica un “insulto a la inteligencia” y comprar “el marco de la derecha”.
Los desahucios continúan produciéndose a diario
La organización también reclama el cierre de “todos los pisos turísticos”, que cifran en más de 17.000 en Madrid, para poder recuperarlos para viviendas habituales, al igual que lo exige con las más de 180.000 viviendas que se encuentran vacías en la región y que “podrían ser utilizadas para aliviar la crisis de vivienda”.
Por otro lado, aunque los desahucios apenas ocupan ya espacio televisivo y se hayan convertido en un fenómeno silencioso, el sindicato advierte de que se siguen produciendo a diario en todo el país, a pesar de que el pasado mes de mayo el Gobierno aprobó un decreto para prorrogar cuatro años más la suspensión de los desahucios hipotecarios de la vivienda habitual para deudores en situación de vulnerabilidad, hasta el 15 de mayo de 2028. En muchas ocasiones se debe a que los requisitos de vulnerabilidad económica que se deben acreditar para paralizarlos son demasiado exigentes y no todas las personas afectadas pueden cumplirlos. A esto se suma que el proceso de desahucio no se suspende inmediatamente en caso de que se acrediten los requisitos fijados, sino que depende de la decisión del juzgado de turno.
Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial correspondientes al primer trimestre de 2024, se produjeron un total de 5.443 desahucios practicados por impago de alquiler, lo que supone un 12% más que en el mismo trimestre de 2023. Los derivados de ejecuciones hipotecarias crecieron asimismo un 10,7% hasta los 1.448, el 19,5% del total, mientras que los 533 restantes obedecieron a otras causas.