El fundador del Madeira Invest Club, conocido en redes sociales como CryptoSpain, ha ofrecido a la Audiencia Nacional numerosos bienes y sociedades para que le puedan ser intervenidos y se pueda “resarcir”, si es preciso, el “daño económico” ocasionado a los afectados por el chiringuito financiero, que echó el cierre la semana tras abrirse una investigación por presunta estafa.
Además, el empresario, de nombre Álvaro Romillo, se ha ofrecido a prestar declaración ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que analiza tres querellas de distintos colectivos de afectados, según confirman fuentes jurídicas.
Uno de ellos, representado por el despacho Zaballos Abogados, ha emitido un comunicado en el que afirman que la defensa de Romillo se ha comprometido a “preparar una auditoría con toda la información del patrimonio que tienen y de todas las empresas para aportarlo con carácter urgente en nuestra causa”. También señalan desde la firma que “propusieron la designación de un administrador judicial de todo el patrimonio de los denunciados, algo que han aceptado los abogados de Romillo”.
Ambas partes, defensa y acusación particular, han estado en continuas “negociaciones” y han solicitado en sendos escritos presentados ante el juez de la Audiencia Nacional que “garantice la viabilidad” de las empresas de Romillo “para asegurar así mejor el resarcimiento de los afectados y la actividad laboral de 200 trabajadores que dependen de ello”.
“La otra línea de negociación”, prosigue el comunicado, “es que van a aportar un listado de todos los bienes en la Audiencia Nacional y que Álvaro Romillo se va a poner a disposición judicial disipando así el riesgo de fuga o su incomparecencia en el procedimiento”, lo que consideran “un paso muy importante”.
Discrepancias entre los afectados
En otro comunicado, el despacho Zaballos Abogados se mostraron en contra de “politizar” la causa con la implicación de Alvise Pérez, que presuntamente cobró 100.000 euros en metálico de CryptoSpain para su campaña a las elecciones europeas. “Al politizar el asunto, se corre el riesgo de desviar el foco de los hechos concretos”, subrayan los letrados de uno de los colectivos de afectados.
Hacen referencia a la investigación abierta por la Fiscalía del Tribunal Supremo a Alvise Pérez tras la denuncia del propio Álvaro Romillo, así como a la petición de imputar al eurodiputado en el alto tribunal, registrada por otra agrupación de afectados del Madeira Invest Club. “Pretender que el Supremo asuma el caso como un todo es condenar al fracaso a cualquier solución que se pretenda encontrar para todas las víctimas”, detalla el comunicado.
Alvise Pérez se ha pronunciado por primera vez este jueves sobre el presunto cobro de 100.000 euros en metálico para financiar la campaña electoral de Se Acabó La Fiesta a las elecciones europeas. En un mensaje en su canal de Telegram, el eurodiputado ha reconocido el cobro, aunque ha justificado que lo aceptó en su condición de “autónomo” como un “pago de servicios sin factura” al estar “bloqueado por los bancos”.
En otro de los mensajes difundidos la mañana de este jueves, Alvise desliza que CryptoSpain, quien le habría realizado el pago, también habría grabado al líder de Vox, Santiago Abascal, en su negocio Sentinel, donde hacía las entregas de dinero en metálico.
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