Un recorrido por los ‘cadáveres’ del boom inmobiliario: “Es una mezcla de empresarios avariciosos y políticos que no están a la altura”

No ocurre con frecuencia, pero el pasado 10 de septiembre el activismo ecologista se apuntó una victoria. Ese día, tras un proceso judicial que se había extendido durante una década, quedaron absueltos los 28 activistas de Greenpeace acusados de haber causado daños en la fachada del hotel El Algarrobico en Carboneras (Almería) en mayo de 2014. La sentencia, en la que prevaleció la presunción de inocencia, recogió que no pudo probarse que las personas acusadas accedieran por la fuerza y tras romper el candado de la puerta al interior del complejo ni que pintaran de negro la fachada del mismo. A la organización ecologista le queda, sin embargo, una batalla más dura por ganar: el derribo del edificio, que ya se ha convertido en uno de los mayores símbolos de la burbuja del ladrillo y la depredación urbanística de la costa española.

Esta mole de cemento de 21 plantas y 411 habitaciones, que fue construida por la promotora Azata del Sol hace dos décadas a pocos metros del mar dentro de una zona de especial protección del Parque Natural del Cabo de Gata, aún sigue en pie pese a las resoluciones judiciales y sentencias que indican que es ilegal. Y, de momento, no parece que la situación vaya a cambiar.

El complejo de El Algarrobico no es, ni mucho menos, el único cadáver de hormigón que dejó el boom inmobiliario. En España existen otros edificios emblemáticos abandonados y numerosas urbanizaciones inacabadas tras la crisis de 2008 que no solo se reparten por el litoral, sino por todo el territorio. Ejemplo de ello son las llamadas Cúpulas de la Energía, que forman parte de la Ciudad del Medio Ambiente impulsada por la Junta de Castilla y León en 2003 en Garray, un pueblo a escasos 10 kilómetros de Soria. En este caso se trata de varios edificios, un proyecto residencial que incluía un polígono industrial que costó 52 millones de dinero público.

Al igual que El Algarrobico, las Cúpulas de la Energía se encontraban en una zona de especial protección medioambiental y su construcción, tras la denuncia de organizaciones ecologistas, se paralizó en los tribunales, aunque sí se puso en marcha el parque empresarial. De hecho, el Gobierno autonómico que dirige el popular Alfonso Fernández Mañueco ha destinado más de 10 millones de euros para terminar las obras de cinco de las siete cúpulas, con el objetivo de revitalizar la economía de la zona, pero a día de hoy siguen sin estar terminadas.

La Ciudad del Medio Ambiente en Garray, explica a Infobae España el experto en estudios urbanos Erik Harley, supuso la “destrucción de una necrópolis medieval y un bosque de abedules”, es decir, fue “la metáfora perfecta de lo mucho que les importaba el medio ambiente”. Y es que más allá de los “cadáveres constructivos”, ejemplos como este también evidencian, a su juicio, que en muchas ocasiones “las administraciones públicas están lideradas por personas que no defienden el interés de la naturaleza ni el del dinero público”. En ese sentido, destaca casos como el del circuito urbano de Fórmula 1 en Valencia, donde a pesar de que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, prometió que no se pagaría con dinero público, costó finalmente cerca de 300 millones de euros a los valencianos y valencianas. Un circuito que lleva ya abandonado 12 años desde que dejaron de celebrarse grandes premios.

Otro caso similar es el Centro Acuático de Madrid, un edificio situado junto al Estadio Metropolitano en el que se invirtieron más de 100 millones de euros y que lleva abandonado desde 2010, cuando se suspendieron las obras. Madrid confiaba en que iba a ser la sede de los Juegos Olímpicos en 2016 y este centro era una de sus joyas, sin embargo, Río de Janeiro fue la ciudad elegida para celebrar las olimpiadas y, poco después, la construcción acuática se detuvo. A día de hoy, el Ayuntamiento sigue sin tener planes para esta infraestructura.

Otros de los fracasos constructivos que Harley menciona es el Pabellón de España que se construyó en 2008 para la Exposición Internacional de Zaragoza, un edificio singular que simula un bosque de bambúes con un denso entramado de pilares y que ya acumula 16 años de abandono. Tras la muestra, que conllevó un gasto público de cientos de millones de euros, esos 8.000 metros cuadrados de edificio iban a albergar el Instituto de Investigación sobre el Cambio Climático, pero el proyecto, al igual que otras iniciativas, terminó en el cajón. Su coste se elevó hasta los 30 millones de euros y, de momento, el espacio sigue vacío.

No siempre se trata, advierte Harley, creador de un movimiento artístico al que bautizó pormishuevismo, de “empresarios avariciosos que ponen por delante el beneficio económico antes que las personas”, sino también de políticos que “no están a la altura de las circunstancias, a derecha e izquierda, que no están preparados para tener las responsabilidades de una administración pública”. “Nunca me cansaré de decir que al frente de la administración pública tiene que haber gente que defienda lo público”, defiende.

Harley considera que de la crisis del 2008 poco se ha aprendido porque “se siguen practicando las mismas dinámicas cortoplacistas de defender que la destrucción del patrimonio es la única manera de crear riqueza con el argumentario totalmente caduco de creación de puestos de trabajo”, y al final, además, “se ha demostrado que el tipo de trabajo que genera no es el deseado para una civilización desarrollada como la nuestra”. Sin ir más lejos, el pasado mes de julio el Ayuntamiento de Níjar en Almería dio luz verde al proyecto para construir un hotel de lujo en la playa de Los Genoveses, que está situada en una zona protegida en pleno parque del Cabo de Gata, y los vecinos temen que se pueda convertir en el nuevo Algarrobico.

Pero, por otro lado, el experto también cree que los fracasos inmobiliarios del pasado sí han servido para reflexionar y muestra de ello son las numerosas protestas que se han producido en los últimos años para impedir que se instalen ciertas construcciones, no solo por parte de organizaciones ecologistas, sino por los propios vecinos y vecinas de los lugares afectados, como está ocurriendo actualmente en Los Genoveses. “Me llena de esperanza ver cómo ahora la gente sale a la calle a protestar, porque hace 20 años los únicos que denunciaban este tipo de cosas eran los ecologistas, que eran totalmente demonizados. Ahora gran parte de la sociedad se ha dado cuenta de que no hace falta ser hippie para estar totalmente en contra de este tipo de atrocidades”, sostiene.

Consciente de que cada caso es diferente y no se puede aplicar la misma solución, Harley considera que muchos de los esqueletos de hormigón que siguen en pie por todo el país deberían ser demolidos, aprovechando siempre los materiales utilizados. “Derribarlos daría un ejemplo para que la gente vea que no todo vale y que las ilegalidades, efectivamente, tienen consecuencias, sobre todo cuando se trata de la destrucción del patrimonio. Sería una forma de enviar un mensaje a las generaciones futuras”, concluye.