Trabajo y los sindicatos se abren a retrasar la aplicación de la reducción de la jornada laboral a 2025 y 2026

El encuentro de este martes entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos para negociar la reducción de la jornada laboral ha finalizado sin acuerdo tras más de tres horas de reunión a la que han acudido de manera presencial todas las partes. Las conversaciones se iniciaron a finales de enero de 2024, pero no se han conseguido avances desde entonces, ya que CEOE y Cepyme son reticentes a recortar el tiempo de trabajo sin reducir proporcionalmente el salario y tanto los sindicatos como el ministerio solo contemplan un acuerdo con esa finalidad, fijada en el acuerdo del gobierno de coalición en octubre de 2023.

En el documento se introdujo el compromiso de reducir la jornada laboral a 38,5 horas en 2024 y a 37,5 horas en 2025, pero este martes ha transcendido una propuesta que el Ministerio de Trabajo ha realizado en las últimas reuniones consistente en atrasar la entrada en vigor de la norma. Así lo ha manifestado Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, en declaraciones a los medios: “En realidad de lo que estamos hablando es de que las 38,5 horas se puedan aplicar en el año 2025 y que las 37,5 horas se puedan aplicar a partir del 31 de diciembre de 2025 es decir en el año 2026″, ha afirmado. Los sindicatos estarían de acuerdo en ceder en este aspecto a cambio de alcanzar un acuerdo tripartito, pero exigirán las fechas comprometidas anteriormente si finalmente la ley se aprueba sin la patronal.

Este ofrecimiento, que supone modificar parcialmente el acuerdo de gobierno, junto con el resto de medidas compensatorias que hasta ahora ha puesto encima de la mesa el Ministerio de Trabajo, no han convencido por el momento a la patronal. Las principales han sido: flexibilizar la distribución irregular de la jornada; aplicar bonificaciones en las contrataciones adicionales que hagan las pequeñas empresas y poner en marcha un plan de acompañamiento a los negocios más reducidos, de menos de 10 trabajadores.

Según fuentes de la negociación, el Ministerio de Trabajo no ha cumplido con su promesa de entregar por escrito a los agentes sociales las nuevas propuestas, por lo que solo se ha debatido sobre planteamientos verbales. A pesar de este atasco, ninguna de las partes presentes en la mesa se atreve a romper las negociaciones, por lo que habrá una nueva reunión el próximo 11 de octubre. El objetivo del Gobierno es alcanzar un acuerdo tripartito, ya que la parte socialista insiste en contar con el visto bueno de la patronal a la norma porque esto facilitaría los apoyos en el Congreso. A principios de julio, el Ministerio de Trabajo pretendía cerrar un texto normativo solo con el visto bueno de CCOO y UGT, pero no ha vuelto a barajar ese escenario en las reuniones posteriores.

Tampoco ha surtido efecto el viaje de Yolanda Díaz a Barcelona la semana pasada, en el que se reunió con las patronales catalanas Foment del Treball y Pimec para intentar influir en la postura de CEOE y desbloquear las negociaciones. A esto se suma que en las últimas semanas, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presionado por primera vez en público a la patronal para que dé “una respuesta específica” en las reuniones para avanzar en el diseño de la norma.

Ante esta situación, los sindicatos continúan con sus acciones de protesta. La semana pasada UGT y CCOO llevaron a cabo asambleas informativas en diversas ciudades y este martes por la mañana han repartido información en la estación de Atocha sobre las movilizaciones que llevarán a cabo el jueves 26 de septiembre en casi todas las capitales de provincia frente las sedes de la CEOE.

Mari Cruz Vicente, secretaria de Acción Sindical de CCOO, ha avisado al Gobierno de que si en la próxima reunión “no se pueden empezar a concretar cosas” pedirán que el Ejecutivo actúe más allá de negociar en la mesa de diálogo social. “Esto tiene que tener una fecha de finalidad, no podemos estar sine die trabajando en cuestiones no concretas”, ha criticado. Ante la previsible situación de falta de votos en el Congreso para aprobar un proyecto legislativo de reducción de la jornada laboral, Vicente ha hecho “un llamamiento a los partidos políticos para que se impliquen”. CCOO y UGT se van a reunir con los grupos parlamentarios en las próximas semanas para intentar recabar los apoyos.