La petición en el Congreso que puede acabar con el negocio de Llados y las sectas: 300.000 firmas contra la “persuasión coercitiva”

Asociaciones y víctimas de sectas presentarán en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma del Código Penal para que la “persuasión coercitiva” sea delito

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Amadeo Llados, en uno de
Amadeo Llados, en uno de sus vídeos. (Youtube)

“Lo sentimos, pero es mayor de edad y se ha marchado por voluntad propia”. Esta es la respuesta con la que frecuentemente se topan familiares de víctimas de sectas y otros grupos cuando acuden a la Policía a denunciar la desaparición de una nueva víctima. La captación mediante manipulación psicológica no es delito y esto es lo que quieren cambiar un grupo de asociaciones que han recogido en los últimos años hasta 300.000 firmas para presentarlas en el Congreso de los Diputados y pedir que la “persuasión coercitiva” se tipifique en el Código Penal.

La “persuasión coercitiva” es el conjunto de técnicas de manipulación que ejercen estos grupos sectarios, también los responsables de violencia de género, sobre todo tipo de perfiles, y en España no existe legislación que la castigue, como sí ocurre en otros países de nuestro entorno. Por este motivo, presuntas sectas y estafas piramidales que captan a jóvenes en las redes sociales, como el caso de Amadeo Llados, siguen actuando de forma impune sin responder ante la justicia.

Las firmas las entregarán varias asociaciones de víctimas de sectas en el Congreso de los Diputados el próximo jueves junto a numerosa documentación sobre la persuasión coercitiva y su encaje en el Código Penal, que ha sido elaborada por expertos psicólogos, juristas y otros perfiles. El presidente de la asociación RedUNE, Juantxo Domínguez, explica a Infobae España que la intención de los promotores de la propuesta es que los partidos políticos, partiendo de ese texto, elaboren una Proposición de Ley o Proposición No de Ley que se tramite en el Congreso. Afirma que en los últimos meses han mantenido “contactos” con el PSOE y otros grupos parlamentarios.

La cifra de firmas, que asciende a 300.000, nace de tres fuentes diferentes que persiguen el mismo objetivo, la tipificación de la persuasión coercitiva como delito en el Código Penal. Buena parte de las peticiones proceden de la recogida de firmas realizada por la familia de Patricia Aguilar, la joven de Elche (Alicante) captada por una secta peruana durante 548 días. La segunda fuente es una petición abierta por varias familias afectadas por la presunta criptosecta IM Mastery Academy, un caso que sí pudo judicializarse por otros delitos y que se sigue instruyendo en la Audiencia Nacional. Por último, se sumaron las firmas recogidas por víctimas de la secta La Familia del Alma, desmantelada por la Guardia Civil en la provincia de Castellón.

Una herramienta para la Policía

En una entrevista con Infobae España, la jefa de la Sección de Sectas Destructivas de la Policía Nacional destacó que la falta de legislación en materia de persuasión coercitiva en España “dificulta la labor policial”. Hasta la fecha, a las personas que están detrás de estos grupos se les imputa de forma recurrente el delito de asociación ilícita y otros relacionados con las actividades delictivas que cometen, por ejemplo el de tráfico de drogas o delitos de índole sexual. Por lo tanto, la tipificación del delito de persuasión coercitiva supondría una “herramienta” para la Policía Nacional y la Guardia Civil a la hora de actuar contra estos grupos sectarios. No obstante, Juantxo Domínguez remarca que estos mecanismos de manipulación psicológica “van mucho más allá de las sectas”, ya que están presente en casos de abuso, maltrato o violencia de género.

Patricia Aguilar, la joven de Elche captada por una secta cuando tenía solo 16 años, habla por primera vez desde que fue rescatada en esta serie de 3 episodios en Disney

El presidente de RedUNE subraya también que ya existe “jurisprudencia” del Tribunal Supremo sobre el papel de la persuasión coercitiva. En concreto, la define en una sentencia de abril de 2021 como “un injusto asociado a la limitación o anulación de la capacidad de la libre voluntad por la producción de un horizonte de expectativas comportamentales limitado o anulado, sin perjuicio de otros resultados injustos posteriores”. Los magistrados añadían que “la eliminación o restricción del horizonte de expectativas sería comparable a la creación de un déficit de socialización mediante una forma de violencia, si bien, sería una violencia diferente a otras por ser más sutil, indirecta, progresiva e imperceptible para la víctima”.

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