Puigdemont decide si da una tregua a Sánchez: en juego una ley que se vio envuelta por la polémica de los peajes en las autovías

La actividad en el Congreso toma esta semana velocidad de crucero, y lo hace con varios desafíos para el Gobierno. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, comparece este jueves en la Cámara Baja para informar sobre la financiación singular para Cataluña (esta comunidad pasará a recaudar y gestionar todos los impuestos), lo que supone un partido de vuelta para la dirigente socialista después de rendir cuentas por este mismo asunto en el Senado el pasado 4 de septiembre.

Pero después de ese delicado punto para el Ejecutivo, los de Pedro Sánchez afrontan otros dos retos que servirán para calibrar el reparto de las fuerzas en el Congreso. En medio de un constante clima de inestabilidad en el Parlamento que impide al Gobierno desplegar su actividad legislativa, el próximo jueves se dirime el futuro de la ley de Movilidad Sostenible, comprometida con Bruselas, y de la senda de estabilidad, paso previo a los Presupuestos de 2025. Para ambas medidas, como en la mayoría de las votaciones, Junts tiene la última palabra.

El partido liderado por Carles Puigdemont decidirá sobre la posibilidad de dar una tregua al Ejecutivo tras varios reveses en el Congreso. Y es que, además de impedir en julio la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública —los mismos que vuelve a llevar ahora el Gobierno—, Junts volvió a dar un aviso la semana pasada al votar por sorpresa en contra de una proposición de ley para regular el alquiler de temporada y de habitaciones.

Por lo pronto, el propio expresidente de la Generalitat ya dio una pista el pasado jueves sobre la senda de estabilidad: “A la misma cosa que votamos que no, volveremos a votar que ‘no’. Si la cambian, hablemos”, señaló en la red social X. Sin embargo, esta votación no preocupa demasiado al Gobierno, ya que la ministra de Hacienda aseguró que el resultado no alterará su compromiso de llevar las cuentas públicas de 2025 al Congreso, ya sea con la actual senda o “con la anterior”.

Lo que no está claro es qué hará el partido independentista en lo relativo al proyecto de ley sobre movilidad sostenible, una norma pactada con la Unión Europea y que tiene que estar aprobada antes de 2024 para el desembolso de nuevos fondos europeos. La norma, impulsada por el Ministerio de Transportes, se enfrenta al debate de totalidad después de que el PP decidiera a última hora pedir la devolución del texto al Gobierno.

Si prospera esta enmienda, la tramitación parlamentaria de la ley caerá en saco roto, como ya ocurrió en la anterior legislatura. Y es que el proyecto de ley es el mismo que el Gobierno llevó en 2022, pero decayó al disolverse las Cortes por la convocatoria de elecciones generales, y que se vio envuelto por la polémica de los peajes. Pero ni en aquel entonces ni en el actual texto se establece la obligatoriedad de aplicar los peajes en las autovías españolas.

Es cierto que esta cuestión sobrevoló la norma, colándose en la campaña de las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Se daba la paradoja de que el Gobierno tenía que decidir cómo abordaba el mecanismo de pago por utilización de las autovías, un requisito comprometido con Bruselas en el marco del Plan de Transformación y Resiliencia. Esta medida, implantada en la mayoría de países de la Unión Europea (en Italia, Francia o Portugal se aplican peajes de forma generalizada), era una de las reformas que el Gobierno de Pedro Sánchez acordó con la Comisión Europea en 2021 para recibir los fondos europeos, una cuantía que se eleva hasta los 163.800 millones.

En concreto, tanto en el primer acuerdo entre la Comisión Europea y el Gobierno para ejecutar la primera fase del Plan de Recuperación (el Operational Arrangements, de noviembre de 2021) como en la segunda parte del plan (la adenda), aprobada a principios de junio, se recogía la siguiente idea: “Es preciso desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede en el resto de infraestructuras”, rezaba en el borrador del Gobierno remitido a Bruselas en abril de 2021.

Más tarde, este asunto volvió a abordarse en el “Componente 1. Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos”. En el apartado de reformas, se recogía la Ley de Movilidad Sostenible, “que regulará actividades relacionadas con el transporte y la movilidad, incluyendo cuestiones relacionadas con la planificación y financiación de infraestructuras y servicios de transporte, la mejora de la gobernanza, los combustibles alternativos, la movilidad inclusiva, el fomento de la innovación y la digitalización, la mejora de la transparencia y rendición de cuentas”.

Sin embargo, antes de volver a remitir el proyecto de ley al Congreso el pasado mes de febrero, el Gobierno negoció con la Comisión Europea la no imposición de peajes a cambio de que se incentive el uso del tren en el tráfico de mercancías. Esta negociación eximió a España de esta obligatoriedad que, a buen seguro, hubiera supuesto un dolor de cabeza en Moncloa. Este jueves, Puigdemont decide si el proyecto de ley continúa su camino en el Congreso y da un respiro al Gobierno.