La creadora de 3.224 empresas: el negocio de fundar compañías para revenderlas

Vanessa Durán Mesas no es un nombre conocido en el mundo empresarial español. Y pese a ello, tal vez tenga el récord de la ejecutiva más prolífica de España: según los datos de Axesor -una plataforma que recoge la información sobre particulares, autónomos, pymes y grandes empresas depositada en el Registro Mercantil-, ha sido la administradora única de más de 3.000 empresas (concretamente, 3.022), además de administradora solidaria de 202 y fundadora de siete. El administrador único es el representante de una sociedad, la persona que básicamente se encarga de todas las gestiones. ¿Cómo es posible hacer esto con más de 3.000 compañías?

El dato tiene truco. Vanessa Durán Mesas es una creadora de shelf companies o ‘empresas de estantería’, que son exactamente eso: compañías sin operaciones ni actividad real que se dejan en una estantería para que envejezcan y que luego se venden a alguien que necesite de manera urgente una sociedad ya creada y estructurada (porque, entre otros motivos, se quiera ahorrar los trámites de formar una empresa). Y todo, a buen precio. “Compra tu Sociedad Limitada ya Constituida e Inactiva en 1 hora, 1.330 euros + IVA”, destaca la página web de Ventadesociedades.eu, una de las compañías que se dedican a este negocio.

Estas sociedades normalmente se fundan con nombres genéricos que no significan nada y que parecen creados con Inteligencia Artificial. Durán Mesas ha hecho de esto un arte y las compañías que ha administrado ofrecen una variedad infinita de ejemplos en sus denominaciones: Panoramic-Solutions SL, Be Curious SL, Zulux Confianza SL, Be the Best SL, Important & Value SL, Merit-Business SL, Negocios Cercanos SL, Fast Thinker SL, Multiplataforma de Negocios SL, Alta Demanda SL, Oportunidad Exportadora SL, Style & Taste SL, Potencia y Resultados SL, y un larguísimo etcétera.

Hay muy poca información disponible sobre Vanessa Durán Mesas. Ni fotografías, ni perfiles en redes sociales, ni página web en la que ofrezca sus servicios profesionales. Sin embargo, un repaso por la información de Axesor permite establecer una cronología: entre 2008 y 2011, con pocas excepciones, su presencia en las compañías figura como “administradora solidaria”, lo que implica la existencia de otras personas que comparten la responsabilidad en la gestión de una compañía; pero a partir de entonces, aparece principalmente como administradora única.

En algunos meses, el negocio es casi frenético: en marzo de 2020, aparece su nombramiento en más de 40 compañías, es decir, más de un movimiento empresarial por día. Eso sí, en la gran mayoría de los casos, el tiempo que pasa entre su ‘nombramiento’ en estos cargos y su ‘cese’ -es decir, cuando la empresa ya cambia de manos- oscila entre apenas una semana y dos o tres meses. A partir de 2021, sin embargo, esta actividad se va espaciando cada vez más en el tiempo, y las creaciones de empresas se frenan desde diciembre de 2023.

Algunas de las compañías que ha ‘creado’ esta ‘empresaria’ figuran en la lista de morosos que Hacienda publica cada año con los nombres de las personas y compañías que tienen deudas superiores a 600.000 euros. Son los casos de Have Got Time SLU, que debe más de 65.3 millones de euros, y de Keep it Save SL, que debe 7.5 millones. En ninguna de ellas, sin embargo, la deudora es Vanessa Durán, pues ella solo constituyó la empresa para luego venderla, y los responsables de su situación son los administradores posteriores.

Así, en el primer ejemplo, Durán creó la compañía en enero de 2021, y tres meses después pasó a manos de Leonor María González Pano. Have Got Time SLU, que está en proceso de liquidación, ha aparecido recientemente en numerosos medios de comunicación por su supuesta relación con el Caso Koldo, ya que aparentemente pagó durante cinco meses la renta mensual del chalet de verano del exministro José Luis Ábalos.

En el segundo ejemplo, Keep it Save SL, Durán constituyó la empresa en enero de 2020, y dos meses más tarde fue adquirida por José Manuel Martínez Álvarez, que en diciembre de ese mismo año fue sustituido en el cargo de administrador único por Antonio Albuixach Merce. No hay más información pública sobre esta sociedad, que también está en proceso de disolución, ni sus propietarios. Su objeto social era “la adquisición, compraventa al por menor y mayor, intermediación y distribución de productos derivados del petróleo y de los biocombustibles”. (Infobae España ha tratado por diversos medios de localizar a Vanessa Durán para una entrevista)

Este negocio de la compraventa de ‘empresas de estantería’ tiene un gran nombre propio en España: Ramón Cerdá Sanjuán. El novelista, abogado y empresario creó miles de empresas que después vendió a través de la web sociedadesurgentes.com (con quien Infobae España se puso en contacto para solicitar entrevista, sin recibir respuesta). Llegó a figurar con algún cargo en más de 9.500 compañías. No era una actividad que ocultara: su perfil en LinkedIn dice que Sociedades Urgentes, con sede en Ontinyent (Valencia), se dedica a las “sociedades pre-constituidas listas para ser utilizadas. Servicio a nivel nacional. Ventajas: disponibles inmediatamente, totalmente operativas, sin necesidad de desembolso del capital en el momento de la compra, opacidad en la titularidad de los socios”.

En una entrevista con El Confidencial, en 2014, Cerdá explicaba: “Figuro como administrador en muchas sociedades porque para poder ofrecer el servicio tengo que constituirlas, y en ellas ya aparezco yo como administrador”. “Yo soy el primer interesado en que no se realice ningún fraude con las sociedades que vendo”, añadía, tras reconocer que “puedo haberle vendido a unos señores en concreto y luego puede que estos hayan vendido a otros, de forma que no llego a saber quiénes son los gestores actuales”. Tres años después de estas palabras, Cerdá fue condenado a 14 años de prisión por fraude fiscal y falsedad documental. Varias de las empresas que creó han estado involucradas, como sociedades pantalla, en grandes escándalos de corrupción como el caso Nóos, la trama Gürtel, el caso Gowex y las estafas del Grupo Marsans y de Nueva Rumasa.

Y es que una de las principales características de las shelf companies, según las propias empresas que se dedican a este negocio, es la opacidad. En la página web de Ventadesociedades.eu no tienen reparo en destacar este beneficio: “Si compras una sociedad ya constituida, mantendrás el anonimato de la titularidad de dichas participaciones y de los socios, ya que la compraventa de las participaciones sociales no es un acto inscribible. Esto significa que puedes operar tu negocio sin que tus datos personales sean de dominio público, con un nivel adicional de privacidad y seguridad”.

¿Y las ‘empresas de estantería’ no son ilegales? Durante mucho tiempo, permanecieron en un limbo de ‘alegalidad’, pues no estaban expresamente permitidas ni prohibidas. Pero desde 2010, aunque la ley no las menciona directamente bajo esta denominación, se reconoce su existencia en el Real Decreto 1/2010, de 8 de enero, sobre la “modificación de determinadas obligaciones tributarias formales y procedimientos de aplicación de los tributos y de modificación de otras normas con contenido tributario”. Este texto establece la obligación de declarar ante la Agencia Tributaria “que la entidad se constituye con la finalidad específica de la posterior transmisión a terceros de sus participaciones, acciones y demás títulos representativos de los fondos propios, y de que no realizará actividad económica hasta dicha transmisión”.

“Hacienda lleva tiempo viendo como una amenaza esta confidencialidad, pero curiosamente hasta enero de 2010 seguía sin ser obligatorio cumplimentar la página 8 del modelo 036 cuando la sociedad ya estaba constituida y con el NIF definitivo asignado. Solo ahora, después de muchos ajustes reglamentarios, ha publicado una salvedad, y cuando se adquiere una sociedad inactiva se debe de comunicar este cambio de titularidad”, explican en Ventadesociedades.eu. “De todos modos, eso no le hace perder confidencialidad a la sociedad frente a terceros. Únicamente será Hacienda quien dispondrá de esos datos. (...) Pero que Hacienda conozca o no la titularidad de los socios no debería de ser el problema. Al fin y al cabo nuestras sociedades no se venden para generar bolsas de fraude”, añaden.

La experiencia, sin embargo, muestra que estas compañías sí se han convertido a veces en “bolsas de fraude”: en todos los grandes escándalos de corrupción que se han conocido en los últimos tiempos, se han empleado shelf companies para mover dinero de manera ilícita, aunque estos casos -al menos los que salen a la luz- son muy pocos en relación con los miles de ‘empresas de estantería’ que se traspasan cada año.

Infobae España ha contactado a cerca de una decena de empresas que ofertan shelf companies para solicitar entrevista, sin recibir respuesta de ninguna de ellas. Pero en sus páginas web, suelen defender que estas ilegalidades son excepciones, y señalan que el fundador de estas compañías no puede controlar lo que hacen con ellas sus nuevos dueños.

Pero esta opacidad a menudo se vuelve en contra de los que se dedican a este negocio. Un ejemplo es una reciente polémica que tiene como protagonista, precisamente, a Vanessa Durán: “La empresaria que alquiló el chalet a Ábalos recibió millones del Gobierno durante la pandemia”, señaló en julio un titular que circuló por numerosos medios. Y aunque la noticia es falsa, ya que la creadora de las compañías mencionadas -Have Got Time SLU e Innjoo Technology SL, que proveía mascarillas y otros productos médicos- no tenía ninguna relación con ellas en el momento de esas operaciones comerciales, pone de manifiesto las aguas turbulentas en las que se mueven a menudo estas ‘empresas de estantería’.

Por ello, quienes critican las shelf companies destacan que esa opacidad que las empresas destacan como ventaja es más bien un inconveniente, y afirman que a menudo su negocio bordea la frontera de la legalidad. La semana pasada, en Estados Unidos, un hombre que fundó casi 16.000 empresas y que se enriqueció con las ventajas fiscales de esta actividad acordó pagar 75.000 dólares de multa tras ser acusado de fraude. En relación con este caso, el fiscal general de Colorado declaró que las shelf companies son “herramientas peligrosas cuando caen en manos de actores malintencionados”.