El golfista que ha denunciado el sospechoso envenenamiento de árboles protegidos en la urbanización más lujosa de Madrid

Un veterano golfista ya retirado, que llegó a ser seleccionado por Severiano Ballesteros para jugar en el equipo europeo de la Ryder Cup; una promotora que pertenece a la saga de empresarios y constructores Fernández Fermoselle; y la urbanización de lujo La Finca de Madrid, una de las más importantes de España. Estos son los protagonistas y el escenario de una rocambolesca historia que se está dirimiendo actualmente en la Fiscalía de Medio Ambiente.

El golfista se llama Ignacio Garrido, hijo del mítico jugador Antonio Garrido. Destacó en la década de los 90 y a principio de los 2000. En su palmarés hay dos torneos del ‘DP World Tour’, el Open de Alemania y el prestigioso ‘BMW PGA Championship’, la Ryder Cup de 1997 que lideró Severiano Ballesteros y que ganó el equipo europeo, además de numerosas presencias en los grandes del golf mundial (Masters de Augusta, US Open, la PGA...). Hoy dirige Grantia Capital, una gestora de fondos de inversión y carteras.

Garrido adquirió una propiedad en la urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón. Quería construir una vivienda, pero para ello necesitaba el permiso del Ayuntamiento de Pozuelo para talar varios árboles. Tras informarse, los técnicos municipales le indicaron que algunos de los ejemplares estaban protegidos por ley y no se podían tocar. Así que desistió del proyecto y devolvió la parcela a los dueños de La Finca. Esta fue finalmente adquirida por una empresa que pertenece a uno de los hermanos Fernández Fermoselle, antiguos dueños de la inmobiliaria Parquesol.

Pero este verano, Garrido, que compró otra parcela justo al lado de la que devolvió, se dio cuenta de que en la finca donde él no pudo construir, porque quiso respetar el arbolado, habían instalado una grúa que estaba rociando los árboles para secarlos. Llegó a la conclusión de que alguien quería deshacerse de los ejemplares para poder edificar. En esta zona de La Finca, las viviendas de nueva construcción cuestan millones de euros. Así que decidió poner en julio una denuncia que ha acabado en la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, que investiga lo sucedido. Es decir, analiza si los árboles fueron envenenados, explican fuentes jurídicas.

Según ha podido saber Infobae España, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil se encuentra realizando ya una investigación por “la supuesta agresión a siete árboles protegidos mediante el uso de una sustancia sin identificar” en la parcela en cuestión, situada en el Paseo de los Lagos de la urbanización. Según la denuncia presentada, “en el mes de julio se han estado rociando dichos árboles con una sustancia mediante una grúa con la intención de secarlos, para después talarlos y construir una vivienda”, señala un informe del Seprona.

Los agentes han podido comprobar que en la parcela en cuestión hay nueve pinos piñoneros que se encuentran protegidos según la ‘Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid’. Intocables por ley. Siete han sido rociados con esa sustancia que los ha secado, los ha matado. Por eso, la Guardia Civil ha enviado un oficio al Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por el PP, preguntándole “si tiene conocimiento de los hechos mencionados”, “si ha otorgado licencia para la ejecución de alguna acción sobre los árboles” y “si ha otorgado licencia de obras en dicha parcela”. Y es que no se puede levantar ninguna construcción en estos terrenos sin el preceptivo informe previo del Consistorio que especifique que estos árboles están protegidos.

Ni Ignacio Garrido, el denunciante, ni la promotora (dueña de las parcelas donde alguien ha secado los árboles) han querido atender las peticiones de información de este diario. El Ayuntamiento de Pozuelo, por su parte, se limita a comunicar que se “está iniciando un expediente sancionador” por lo ocurrido a estos árboles que, como hemos dicho, están protegidos por ley. Sin querer especificar quién es el posible sancionado.

Todo este embrollo ha derivado además en una investigación judicial y en una posible multa económica. “Ignacio Garrido hizo bien. Él no pudo construir porque no podía talar los árboles y ahora ha denunciado a quien ha visto que se los ha cargado para poder edificar y hacer negocio”, señalan las fuentes antes mencionadas.

No es la primera vez que hay problemas por la tala irregular de árboles en La Finca, residencia de futbolistas, famosos y empresarios acaudalados. Como ya publicó este diario, el Ayuntamiento aprobó en marzo de este año la imposición de una multa de 238.932 euros a los dueños de la urbanización por eliminar árboles sin permiso para construir una nueva promoción de viviendas en altura. En concreto, se cortaron 80 ejemplares que también estaban protegidos por ley.