El Congreso gasta casi 400.000 euros en costear el uso de las lenguas cooficiales en el primer año de su implementación

El Congreso de los Diputados ha gastado 390.990,93 euros en adquirir los servicios para la traducción y transcripción de lenguas cooficiales en las sesiones plenarias y en las comisiones. Hace un año, la Cámara Baja reguló oficialmente el uso del gallego, el catalán y el euskera, aunque la iniciativa se puso en práctica unos días antes de su aprobación, coincidiendo con el pleno que debatía la reforma del reglamento para tal fin.

Según la información recabada por Infobae España, la Cámara Baja ha adjudicado 221 contratos, con un gasto medio de 1.769,12 euros, desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 30 de junio de 2024 (todavía no está publicado el último trimestre). Estas cifras se desprenden de la Contratación Menor del Congreso de los Diputados —a través de su página web—, pues todavía sigue en curso (desde abril) la licitación del contrato de servicios de traducción e interpretación para el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja durante los próximos cuatro años, cuyo importe máximo es de 12,5 millones de euros.

De los 390.990,93 euros, 5.157,5 euros pertenecen a tres contratos para la transcripción de las intervenciones realizadas en las distintas lenguas cooficiales. El resto corresponde a la interpretación al castellano del gallego, euskera y catalán. En cuanto a la contratación de estos servicios, quien más contratos ha recibido es Neus González Francés, con 13. Hasta en cinco casos, los contratos de los servicios de interpretación superan los 15.000 euros, que es el importe máximo para los contratos menores.

La legislación permite a las administraciones adjudicar discrecionalmente contratos de servicios por debajo de dicha cifra sin llevar a cabo un proceso público de licitación, pero es habitual la práctica de trocear los importes para no superar la barrera y poder usar la vía menos transparente de los contratos menores. A tenor de la información contrastada por este medio, quien más ha recibido por contrato es Miguel Ángel Abadías Carbajo (23.232 euros), seguido de Neus González Francés (18.150 euros), Saleta Fernández Fernández (18.150 euros), Enma Soler Caamaño (16.698 euros) y Larisa Santos Suárez (15.246 euros).

Asimismo, a esta cifra hay que sumar otros 55.004 euros destinados durante los primeros meses de la legislatura a la compra de los recursos técnicos: 9.104 euros para la adquisición de auriculares y 45.900 euros del alquiler inicial de petacas y aparatos de radiofrecuencia. Esta última cifra fue aportada por Presidencia del Congreso hace un año en el marco de su previsión del coste del material técnico para facilitar el empleo del gallego, el euskera y el catalán.

Esta iniciativa fue una de las exigencias de ERC y Junts para apoyar a Francina Armengol como presidenta y dar al PSOE y Sumar la mayoría en la Mesa de la Cámara. De hecho, la dirigente socialista balear, en su primer discurso tras ser elegida presidenta en agosto del año pasado, ya adelantó que desde ese mismo momento se podrían utilizar las lenguas cooficiales en el Congreso. La norma, presentada por el PSOE, Sumar y los partidos nacionalistas e independentistas (a excepción de Junts, que la apoyó, pero no la firmó), fue aprobada de manera exprés por 180 votos a favor y 170 en contra (PP y Vox).

Además de la férrea oposición inicial al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, en las filas populares criticaron el cambio de opinión del PSOE con respecto a este asunto, ya que los de Pedro Sánchez habían rechazado la misma propuesta un año antes. Ahora, los socialistas se muestran “orgullosos de haber aprobado una iniciativa que protege y normaliza nuestras lenguas también en el Congreso”, señala Montse Mínguez, secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, a Infobae España.

Asimismo, frente a la hemeroteca de su propio partido, esta parlamentaria incide en que “era una anomalía que en el Senado se permitiera hablar catalán, gallego y euskera desde el año 2010 y en el Congreso, no”. Y, en todo caso, apunta al PP, que a su entender “se volvió a equivocar con el ruido y oponiéndose a la medida. Porque el Partido Popular no entiende la España plural, ni la ha entendido nunca”, remacha.

Íñigo Errejón, portavoz del denominado Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, cree que, un año después, “el Parlamento se parece más al país real”. Y es que, según explica a Infobae España, “millones de personas hablan catalán, gallego o euskera. Y sus representantes ya pueden hacerlo. Plurinacionalidad es reconciliar el país oficial con el país real. Es normalizar lo que ya somos”.

A pesar de los desplantes de los diputados populares y de Vox durante los primeros días, la imagen de un diputado o un miembro del Gobierno con los auriculares ya no sorprende. El uso de las lenguas que, con el castellano, tienen el carácter de oficial en alguna comunidad autónoma está completamente interiorizado en la Cámara Baja, aunque sus señorías no siempre echan mano de las lenguas cooficiales para expresarse desde la tribuna. En cualquier caso, “se ha normalizado algo que debería haberse normalizado mucho antes, porque hablar catalán, euskera o gallego no es atacar a nadie, sino que es reconocer a todos”, resume el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a este medio.