
El Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aplaza su debate para instar a Nicolás Maduro a “evaluar” la suspensión de las relaciones diplomáticas y comerciales con España, como respuesta a la decisión del Congreso español de reconocer al opositor Edmundo González Urrutia exiliado en ese país como presidente electo.
El proyecto fue presentado a solicitud del presidente del Legislativo, Jorge Rodríguez, quien exigió que la resolución establezca que “todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato”, en respuesta a lo que consideró como “el atropello más brutal” de España contra Venezuela “desde los tiempos” en que el país caribeño luchó por su independencia, en referencia a la decisión del Congreso de la nación europea. La cuestión debía haberse tratado este jueves, pero la Asamblea Nacional venezolana ha suspendido el debate alegando que la decisión respondía únicamente a “temas de agenda parlamentaria”. Rodríguez aún no ha aclarado cuándo se retomará este asunto.
El ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, aseguró este miércoles que la situación en términos inversores y comerciales con Venezuela “está normalizada”, por lo que ha pedido “tranquilidad” y “confianza” a las empresas que tienen relaciones con el país. Hay que recordar que España cuenta con presencia de empresas como Mapfre, Repsol, BBVA o Telefónica.
Los expertos consultados por Infobae España no ven probable una ruptura diplomática en su nivel más radical. “Sería poco razonable, aunque la incógnita siempre está ahí y quien tiene la última palabra es Maduro”. Añaden además que la Asamblea Nacional venezolana no se mueve sin su autorización.
Anna Ayuso, investigadora del Centro de Información y Documentación Internacionales en Barcelona (CIDOB) explica que la ruptura de relaciones diplomáticas es una medida muy drástica que hace que se suspendan las relaciones entre los países y se cierren las embajadas, aunque esto no implica que se suspendan los acuerdos internacionales. “No tiene que ver una cosa con la otra”, subraya.
Una nueva cortina de humo
“En mi opinión, si finalmente Maduro da el paso se estaría perjudicando a sí mismo. Con esta amenaza lo que tratan es de amedrentar al gobierno [español] y tratar de desviar la atención sobre lo que realmente se estaba discutiendo, que era el reconocimiento o no del resultado de las elecciones”, señala la investigadora especializada en América Latina.
Lo mismo opina Carlos Manamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano: “Todo esto es una pantomima más en torno a este conflicto artificial que han creado. Que se lleve a cabo o no eso ya es una decisión de Maduro y habrá que ver en qué condiciones. Es decir, llevarlo hasta sus últimas consecuencias repercutiría, por ejemplo, sobre la actividad de Repsol, algo que Maduro ha intentado preservar hasta ahora”, subraya el catedrático de Historia de América.
Ayuso explica que esta maniobra ya ha sido llevada a cabo con otros países de la región que también reclaman transparencia al régimen, pero en todo caso no ha llegado al nivel de la ruptura de acuerdos, sino la suspensión temporal. “Yo pienso que con España tampoco se va a hacer, al menos no inmediatamente. Como mucho puede llegarse a eso, a la suspensión de las relaciones o la retirada de embajadores”, argumenta la investigadora, que compara esta medida con la dada durante la crisis diplomática entre España y Argentina.
“En realidad el que más se perjudica es Venezuela, España principalmente le aporta inversiones. Sí que es verdad que hay muchos venezolanos en nuestro país con sus recursos, pero esto no les afectaría a las posesiones que tienen esos venezolanos”, matiza Ayuso que al mismo tiempo añade que si se cierran las embajadas dificultaría también la protección de diplomática de las personas, pero a su vez no implica el cierre de los consulados”.
“Francamente dudo que se llegue al paso más radical de ruptura de relaciones y lo que se produzca, como mucho, será una retirada de embajadores o incluso una suspensión de relaciones, pero sin cerrar los consulados”, reitera.
Por el momento, ningún gobierno de un país europeo ha dado el paso para reconocer al líder de la oposición venezolana. El debate sobre el reconocimiento de González Urrutia continúa en el Parlamento europeo, a propuesta del Partido Popular Europeo, que busca unidad para añadir presión a la Comisión y a los países miembros.
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