En España, la legislación en torno a los pagos en efectivo ha experimentado cambios significativos en los últimos años, especialmente con la aprobación de la Ley Antifraude en julio de 2021. Esta ley tiene como objetivo reducir la economía sumergida y combatir el fraude fiscal, mediante la imposición de restricciones claras sobre el uso de dinero en efectivo en transacciones comerciales. Estas restricciones afectan a las grandes empresas, como a comercios populares como Mercadona, una de las principales cadenas de supermercados en España.
Desde la entrada en vigor de la Ley 11/2021, el límite para realizar pagos en efectivo en transacciones donde intervenga un empresario o profesional, como en el caso de supermercados o tiendas, ha sido reducido a 1.000 euros. Esto implica que los consumidores que realicen compras superiores a esta cantidad en establecimientos como Mercadona no podrán pagar el total en efectivo. Cualquier cantidad que exceda los 999,99 euros deberá ser abonada a través de medios electrónicos, como tarjeta de crédito, transferencia bancaria u otros sistemas digitales.
Este límite se aplica tanto a pagos en euros como a su equivalente en cualquier otra moneda extranjera, asegurando que todas las transacciones económicas realizadas en efectivo en el país sigan los mismos parámetros. En el caso de una compra que supere dicho límite, Mercadona permite que el cliente pague una parte con efectivo (hasta 999,99 euros) y el resto con algún método alternativo.
La excepción para los pagos entre particulares
Es importante aclarar que esta limitación no afecta a todos los tipos de transacciones. La Ley Antifraude establece excepciones en las operaciones entre particulares, es decir, cuando ninguna de las partes está actuando en calidad de empresario o profesional. En estos casos, el límite de pago en efectivo sigue siendo de 2.500 euros. Por ejemplo, si una persona vende un coche de segunda mano a un amigo o familiar, se podría realizar un pago en efectivo hasta esa cantidad, sin que se infrinja la ley.
La imposición de este límite no solo responde a la necesidad de controlar el flujo de dinero en efectivo, sino también a los esfuerzos del gobierno por prevenir el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Las transacciones de grandes sumas de dinero en efectivo pueden ser más difíciles de rastrear, lo que facilita el uso de estos fondos para actividades ilícitas. Con el establecimiento de un límite de pago en efectivo de 1.000 euros, se busca disuadir la realización de operaciones de gran valor fuera del sistema bancario.
Sanciones por incumplimiento
La normativa es clara: cualquier transacción que supere el límite de 1.000 euros en efectivo entre un empresario o profesional y un cliente es ilegal y conlleva sanciones. La multa establecida por la ley es del 25% del valor total de la transacción, lo que puede resultar en una penalización considerable para quienes no cumplan con la legislación. Por ejemplo, si una compra de 2.000 euros se realiza en efectivo cuando solo se debería haber permitido hasta 1.000 euros, la sanción podría alcanzar los 500 euros. No obstante, la ley contempla la posibilidad de una reducción de hasta el 50% en la multa si el infractor la paga antes de recibir una notificación oficial, siempre que no recurra la sanción ni inicie un proceso judicial.