El cambio en el cálculo de las pensiones que llega en 2025 y que modificará la cuantía que reciben los jubilados

Desde el 1 de enero de 2025, las pensiones contributivas en España, como las de jubilación, incapacidad permanente o viudedad experimentarán un cambio significativo en su cálculo de revalorización. Este ajuste, que afectará principalmente a las pensiones máximas, forma parte de un paquete de reformas aprobado por el Gobierno para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones y adaptar su evolución a las fluctuaciones de la economía. El Índice de Precios al Consumo (IPC) continuará siendo el indicador clave para determinar las subidas, pero desde 2025, se introducirán nuevas variables que cambiarán el panorama para miles de jubilados.

El IPC, o Índice de Precios al Consumo, es el indicador que mide la evolución del coste de la vida a partir de los precios de los bienes y servicios que consumen las familias. Durante las últimas legislaturas, la revalorización de las pensiones ha estado estrechamente ligada a este indicador. En 2025, esta vinculación se mantendrá, pero con un matiz: las pensiones máximas se revalorizarán con el IPC más un adicional de 0,115 puntos porcentuales cada año hasta 2050.

Este nuevo mecanismo afectará principalmente a los jubilados que reciben las pensiones más altas, quienes verán un aumento adicional a la subida ordinaria vinculada al IPC. Con ello, el Gobierno busca dar una mayor protección a este grupo, aunque este aumento no será inmediato ni uniforme en los próximos años, sino que se aplicará progresivamente.

Hasta la implementación de este cambio, las pensiones contributivas se han revalorizado anualmente en función de la variación interanual del IPC entre diciembre del año anterior y noviembre del año actual. Este modelo ha garantizado que las pensiones mantengan su poder adquisitivo a lo largo del tiempo, ajustándose al aumento del coste de la vida. Por ejemplo, en 2023, las pensiones contributivas aumentaron un 8,5%, debido al fuerte repunte de la inflación entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022. Para 2024, la subida fue del 3,8%, basada en la inflación interanual registrada entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023.

Este sistema de ajuste es considerado uno de los más sólidos para proteger a los pensionistas frente a la inflación, pero su sostenibilidad ha sido cuestionada, dado el envejecimiento progresivo de la población y la mayor longevidad, lo que presiona al sistema de seguridad social con más pensionistas que deben recibir prestaciones durante más tiempo.

El principal cambio a la hora de calcular las pensiones que entrará en vigor en 2025 afectará a las pensiones máximas, que se revalorizarán con el IPC más un adicional de 0,115 puntos porcentuales. Este aumento progresivo está diseñado para asegurar que las pensiones más altas mantengan su valor frente a la inflación a largo plazo. Según el Gobierno, esta subida no será puntual, sino que se mantendrá hasta 2050, año en el que finalizará el incremento progresivo. De esta forma, se garantiza una mejora sostenida de las pensiones máximas en el tiempo, lo que es especialmente relevante en un escenario donde la inflación puede afectar gravemente al poder adquisitivo de los jubilados.

Este cambio forma parte del segundo paquete de medidas de reforma de las pensiones aprobado en los últimos años. La primera fase de estas reformas, que tuvo lugar en 2021, ya introdujo la vinculación permanente de las pensiones con el IPC, garantizando que el coste de la vida fuera el factor determinante para las subidas anuales. Según el informe de Proyecciones del gasto público en pensiones en España publicado por el Ministerio de Seguridad Social en 2023, el Gobierno prevé que la inflación se mantenga estable en torno al 2% anual entre 2024 y 2027. Si estas estimaciones son correctas, las pensiones podrían incrementarse alrededor de un 2% anual durante ese mismo período, garantizando así que, al menos en términos nominales, los jubilados no pierdan poder adquisitivo.

Este marco de previsión es fundamental para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones en las próximas décadas, especialmente en un país como España, donde el envejecimiento de la población es una realidad. Las reformas buscan hacer frente a este reto sin comprometer los derechos de los pensionistas actuales ni futuros.