La reforma del Gobierno de las pensiones para poder cobrar el 100% de la prestación mientras se trabaja todavía no está asegurada: esto es lo que tiene que pasar

En la mañana del miércoles, 18 de septiembre, el Gobierno firmaba el acuerdo para la reforma de las pensiones junto a la patronal y a los sindicatos. Este pacto, alcanzado entre los agentes sociales y la Seguridad Social el pasado 31 de julio, recuperaba la reforma del sistema de pensiones que comenzó el exministro y ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. El acuerdo fue culminado con las firmas del presidente Pedro Sánchez, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el líder de Cepyme, Gerardo Cuerva y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

No obstante, y pese a que el acuerdo ya ha sido rubricado, su aprobación definitiva aún se encuentra en tela de juicio. La oposición política en el Parlamento y las exigencias de los bloques independentistas amenazan la reforma, ya que buscan introducir modificaciones durante la tramitación parlamentaria. El acuerdo, que incluye novedades en la jubilación parcial, el retiro activo, mejoras en la jubilación para profesiones penosas, o incentivos por prolongar la vida laboral, establecía también fórmulas que regulaban la compatibilización del trabajo con el cobro de la pensión íntegra.

Actualmente, existe la figura de la “jubilación activa”, que permite compatibilizar el trabajo con el cobro del 50% de la pensión, o en el caso de los autónomos con empleados a su cargo, del 100%. Con la nueva reforma, se elimina el requisito de tener una carrera completa de cotización para acceder a esta modalidad, lo que facilita el acceso a trabajadores con trayectorias laborales más cortas, como muchas mujeres. El objetivo es permitir un retiro progresivo del mercado laboral mientras se sigue percibiendo la totalidad de la pensión.

Sin embargo, la propuesta incluye una serie de escalones que condicionan el porcentaje de la pensión que se puede cobrar mientras se trabaja. Los trabajadores asalariados comenzarán cobrando un 45% de la pensión el primer año, incrementando un 10% por cada año adicional que sigan trabajando, hasta llegar al 100% tras cinco años. Para los autónomos con empleados, la compatibilización se reduce inicialmente al 75%, aumentando un 5% anual hasta alcanzar también el 100%. Esta medida tiene como objetivo incentivar a más personas a prolongar su vida laboral, contribuyendo así a la sostenibilidad del sistema de pensiones.

A pesar de que el Gobierno ha logrado el respaldo de la patronal y los sindicatos, el proceso de tramitación parlamentaria no será sencillo. Partidos como ERC, Bildu y BNG ya han expresado sus reticencias hacia la reforma, amenazando con votar en contra si no se aceptan las enmiendas que proponen. Los cambios solicitados por estos partidos incluyen una mayor protección para los pensionistas con pensiones más bajas y más medidas que garanticen la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

El Partido Popular (PP), por su parte, ha adoptado una postura ambigua, no descartando apoyar el texto en su totalidad o solo partes de él. De hecho, dado que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y los sindicatos han apoyado el acuerdo, podría resultar difícil para el PP oponerse por completo. Sin embargo, el partido insiste en que la reforma debe centrarse en asegurar que el sistema sea financieramente sostenible y no aumente la carga sobre las arcas públicas.

Para que esta reforma sea aprobada de forma definitiva, el Parlamento deberá debatir el texto y votar su aprobación, lo que podría llevar varios meses. Durante este proceso, se espera que partidos como ERC y Bildu introduzcan enmiendas que, de ser aceptadas, podrían modificar aspectos clave del acuerdo original. También se prevé que el PP podría ejercer presión para introducir medidas que aseguren la viabilidad económica del sistema de pensiones a largo plazo.

Además de la compatibilización del trabajo con el cobro del 100% de la pensión, la reforma incluye otros puntos importantes, como la ampliación de la jubilación parcial, que permite anticipar el retiro hasta tres años antes de la edad ordinaria en algunos casos, y mejoras para los trabajadores que realizan actividades penosas o peligrosas, que podrán jubilarse sin que se les recorte la pensión. También se ha establecido un nuevo sistema de incentivos para aquellos que prolonguen su vida laboral, permitiendo acumular un 2% adicional por cada seis meses de trabajo tras la edad de jubilación, además del ya existente 4% anual.

Asimismo, se introducen cambios en el sistema de bajas laborales, donde las mutuas tendrán más protagonismo en la monitorización de casos para evitar el abuso de este mecanismo, especialmente en procesos traumatológicos, que son los más frecuentes y de mayor duración.