En qué consiste el nuevo distrito que quiere crear el Gobierno con las Comunidades Autónomas

El Ministerio de Economía de España, liderado por Carlos Cuerpo, ha propuesto la creación de un novedoso “Régimen 20″, una suerte de región teórica que busca facilitar la actividad empresarial en todo el territorio nacional. La iniciativa, presentada en este mismo mes, pretende establecer un marco común de reglas mínimas que permita a las empresas operar en cualquier comunidad autónoma o municipio, a cuentas de reducir burocracia y simplificar la obtención de licencias y permisos. De esta forma, los interesados se “saltarían” las diferentes normativas locales que actualmente dificultan el funcionamiento del mercado único en España.

Este “Régimen 20″ es un concepto virtual o teórico que funcionaría como una comunidad autónoma ficticia. Su principal objetivo es crear un conjunto de normas mínimas comunes que las empresas puedan adoptar voluntariamente. Una vez que una empresa cumpla con estos requisitos, recibiría un “pasaporte” o licencia única que le permitiría operar en cualquier región de España sin necesidad de cumplir con requisitos adicionales impuestos por cada comunidad autónoma o municipio. Esto significaría, por ejemplo, que un negocio que reciba una licencia para operar en una comunidad podría extender sus actividades a otras autonomías sin tener que enfrentarse a las trabas burocráticas específicas de cada una.

Este sistema está inspirado en el llamado “Régimen 28″ propuesto por Enrico Letta, exprimer ministro de Italia, como parte de un esfuerzo para avanzar en el mercado único europeo. El Régimen 28 o “Estado 28″ plantea la creación de una entidad virtual en la Unión Europea donde las empresas puedan operar sin las diferencias normativas entre los Estados miembros. Carlos Cuerpo ha reconocido la influencia de este modelo en su propuesta para España, y considera que el Régimen 20 podría sentar las bases para futuras colaboraciones con Portugal y, a largo plazo, con toda la Unión Europea.

El Ministerio de Economía ha comenzado a convocar reuniones con las comunidades autónomas y los ayuntamientos en el marco de la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, con el objetivo de discutir cómo avanzar en la creación del Régmen 20. A diferencia de intentos anteriores, como la Ley de Unidad de Mercado aprobada en 2013 por el Gobierno del Partido Popular, que fue invalidada por el Tribunal Constitucional por invadir competencias autonómicas, esta nueva propuesta se basaría en la negociación y el consenso con las autonomías.

Actualmente, se busca que las comunidades autónomas acuerden voluntariamente un conjunto de normas básicas que sirvan como referencia para la obtención de licencias y permisos, manteniendo siempre el respeto a sus competencias. El objetivo es que antes de finalizar 2024 se presente un diagnóstico y un plan de acción que identifique las áreas donde se puedan aplicar estas reglas comunes. Según el ministro Cuerpo, la clave está en un enfoque “constructivo” y en una colaboración respetuosa con las autonomías y los ayuntamientos.

La fragmentación normativa entre las comunidades autónomas es uno de los principales obstáculos para la creación de un mercado único en España. Según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), esta fragmentación representa un coste de entre el 1,5% y el 2,5% del PIB español, lo que equivale a una pérdida de entre 22.000 y 37.000 millones de euros. La creación de un marco regulatorio común, como el Régimen 20, podría liberar estos recursos y, a largo plazo, impulsar el crecimiento económico en un 1,5% o incluso un 3% del PIB.

El informe también subraya que el sector minorista es uno de los más afectados por la diversidad normativa, ya que diferentes autonomías imponen requisitos distintos para la apertura de comercios, la distribución de productos y la concesión de licencias. El Banco Mundial, en su informe Doing Business, sitúa a España en el puesto 30 en términos de facilidad para hacer negocios, y gran parte de esa posición se debe a la fragmentación normativa.

A pesar de los posibles beneficios, la implementación del Distrito 18 no será un proceso sencillo. La descentralización administrativa en España otorga a las comunidades autónomas amplias competencias en materia de regulación empresarial, lo que ha generado históricamente reticencias a cualquier intento de homogeneización normativa. Los intentos anteriores de crear un marco regulatorio unificado, como la “licencia única”, fueron rechazados por los tribunales por invadir competencias autonómicas.

El Gobierno es consciente de estos desafíos y ha subrayado que el respeto a las competencias autonómicas será un pilar fundamental del Régimen 20. La propuesta busca evitar imposiciones y, en cambio, avanzar mediante el diálogo y la cooperación. Si bien el éxito del Régimen 20 dependerá en gran medida de la disposición de las comunidades autónomas a colaborar, la propuesta representa una oportunidad única para mejorar el clima de negocios en España y avanzar hacia un mercado único más eficiente y menos fragmentado.

El Ministerio ya ha acordado con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos esta nueva iniciativa para eliminar trabas para la actividad empresarial. Concretamente, el ministro Carlos Cuerpo ha propuesto en la Conferencia Sectorial avanzar en la implementación del “Régimen 20″ para impulsar la reducción de barreras administrativas a través de la cooperación, con el objetivo de facilitar la actividad empresarial en todo el territorio nacional.

Según indica el Ministerio en una nota de prensa, el primer paso para la creación de este régimen “será la realización de un diagnóstico común por sectores económicos que permita la identificación de fallos de coordinación entre administraciones o la falta de proporcionalidad en las diferentes normativas”. Esta realización se hará con un enfoque sectorial, que ayudará a las empresas a cuentas de “diagnóstico y antes de final de año poner sobre la mesa sector a sector, en aquellos que consideremos más prioritarios, medidas concretas de forma conjunta con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, para empezar a implantarlas ya el próximo año”.