El Ingreso Mínimo Vital “solo llega al 29% de la población gitana” pese a que el 86% está en situación de pobreza

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó el pasado mes agosto a casi 650.000 hogares en los que viven 1,9 millones de personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, con una cuantía media de 479 euros al mes por hogar. Sin embargo, un estudio de la Fundación Secretariado Gitano presentado este jueves muestra como esta prestación económica “solo llega al 29% de la población gitana a pesar de que el 86% está en situación de pobreza”.

Si bien la organización destaca que esta ayuda que el Gobierno puso en marcha en 2020 con el objetivo de paliar los efectos de la pandemia “es un buen instrumento para la protección de las personas gitanas frente a la pobreza”, advierten de que “no está desarrollando todo su potencial”. “Debe adaptarse más al perfil de las familias beneficiarias y generar oportunidades para la inclusión social, educativa y laboral”, ha indicado Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano.

La población gitana, explica la organización, por su especial desprotección y pobreza elevada, se sitúa entre los colectivos prioritarios para el IMV. De hecho, las cifras dan muestra de la dimensión del reto a afrontar: “un 86% de la población gitana se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza, un 67% en situación de pobreza severa y un 46% en extrema pobreza”, mientras que la tasa de pobreza infantil en la población gitana asciende al 89%.

Los datos del Estudio sobre el impacto del Ingreso Mínimo Vital en la situación de pobreza de la población gitana en España 2023 evidencian “la baja cobertura” de esta ayuda entre este colectivo, pues es inferior a la estimada para el conjunto de la población en situación de pobreza. En concreto, según la estimación ofrecida en el segundo informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), el IMV solo llega al 29% del total de la población gitana potencialmente beneficiaria que cumple los requisitos, en comparación con el 35% de la población general en exclusión social.

Además, la tasa entre la población gitana de quienes a pesar de cumplir los requisitos no acceden a la prestación es del 71%, muy por encima del 58% para el conjunto de la población, de acuerdo a esos mismos datos de la AIREF.

“La falta de información, dificultades con la documentación a aportar, largos periodos de tramitación o la brecha digital” son algunas de las barreras a las que se enfrentan, de forma que “restan eficacia a un instrumento como este”. De ahí la importancia, destaca la fundación, de la “asistencia y apoyo por parte de las administraciones públicas o de entidades del tercer sector a la hora de solicitar y gestionar” la prestación. El estudio también muestra que con apoyos directos y adaptados a las circunstancias y perfiles de la población más vulnerable, “el alcance y la cobertura de la prestación aumenta significativamente”.

El estudio ha sido presentado en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un acto que contó con la participación de la ministra Elma Saiz, quien ha destacado los avances logrados con el IMV, pero también ha admitido que “aún queda mucho por hacer”, por lo que es necesario “redoblar esfuerzos para ampliar la cobertura” de esta prestación.