Qué es el “registro de medios” que quiere crear el Gobierno y cómo funciona

El ‘Plan de acción por la Democracia’ aprobado en el Consejo de Ministros de este martes y esbozado anteriormente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, toma forma para iniciar su travesía parlamentaria. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños ha adelantado que este plan, todavía esbozado, consta 31 medidas de regeneración democrática que incluye las aportaciones de otros grupos parlamentarios. El ministro socialista ha concretado que se persiguen “dos finalidades muy claras”: reforzar la limpieza de la democracia y dotar de mayor transparencia al ecosistema informativo.

“En España y en otros países de la Unión hay ciertos elementos de desgaste en la percepción que tienen los ciudadanos sobre la democracia. Esos elementos de desgaste vienen motivados básicamente por la desinformación y los bulos”, expuso el titular de Justicia.

Una de las medidas que han copado más titulares en este plan ‘antibulos’ ha sido la propuesta de crear un registro de medios con información sobre su propiedad e inversión publicitaria que reciben.

Siguiendo la normativa europea recientemente aprobada ―bautizada en Bruselas con el mismo nombre y el cual salió adelante con los votos de los populares―, se pretende “establecer criterios” para definir “qué es un medio” frente a las plataformas “que no son medios de verdad”, según ha destacado el ministro de cultura Ernest Urtasun, que ha añadido que será la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el organismo, aún pendiente de renovarse, encargado de supervisar el registro.

Dentro del plan de limpieza del ecosistema informativo, el Gobierno quiere que se deba publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas, además de limitarla “para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas”.

Todo esto pasa por llevar a cabo la reforma de la Ley de Publicidad Institucional para introducir “criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”, garantizar sistemas imparciales de medición de audiencias y apoyar a los medios en lenguas cooficiales. También revisará el marco regulatorio para “garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación”.

El plan contempla medidas para proteger la figura del periodista, entre las que se incluye la reforma del artículo de la llamada ley mordaza, que sanciona el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o el impulso de la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes. Esta última estuvo cerca de salir adelante en la pasada legislatura.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha considerado positivo este impulso a la ley, además de las medidas de transparencia, pero ha querido dejar claro que velará para que no se produzcan “cortapisas en el libre ejercicio del periodismo”.

El plan incluye también aprobar una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación y la reforma de las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación, que busca mejorar el sistema que permite rectificar noticias “falsas o abiertamente tendenciosas”, con indemnizaciones y plazos adecuados.

En este apartado se incluye la reforma de los delitos del Código Penal que pueden afectar a la libertad de expresión, en concreto los que se refieren a las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnio público.