La Fiscalía Superior de Canarias ha solicitado cautelarmente la suspensión del recién aprobado protocolo de acogida de menores migrantes del Gobierno canario por vulnerar sus derechos fundamentales. Según informa el Ministerio Público, el protocolo vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral del artículo 15 de la Constitución.
En el recurso presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Fiscalía solicita como medida “cautelarísima” la suspensión del protocolo aprobado el pasado 12 de septiembre, ya que “su ejecución supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo patente en los menores que lleguen desde el mar a las costas de la comunidad autónoma”.
El protocolo, aprobado por el Gobierno de Coalición Canaria (CC) con el apoyo del PP fue publicado el jueves en el Boletín Oficial de Canarias. En el documento se establece que la acogida de un menor migrante por parte de la comunidad autónoma exigirá primero una identificación, la inscripción del joven en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y una resolución administrativa de asignación o ubicación individualizada del Estado en presencia de un intérprete. Además, la Administración General del Estado tendrá que comunicar al Gobierno autonómico la existencia de un menor migrante “en condiciones de ser entregado”.
El protocolo detalla cómo deben actuar las autoridades ante el “desorden” que, a juicio del Gobierno de Fernando Clavijo, generan las entregas directas de los menores llegados en patera que hace la Policía a los a los centros sin una identificación detallada y sin cumplir los trámite pautados, “poniendo en riesgo sus derechos”.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha dicho este miércoles que quiere reunirse “ya” con el PP y con el Gobierno canario para tratar de acordar la gestión de los menores migrantes, pero ha expresado su temor de que, en realidad, los populares no quieran alcanzar ningún pacto. El ministro, que preside la Comisión Interministerial de Inmigración del Ejecutivo, ha explicado que el lunes propuso a l portavoz del PP Miguel Tellado reunirse a la mayor brevedad, este mismo jueves, pero ha admitido que es necesario cuadrar las agendas.
“Estoy en disposición de tenerla cuanto antes”, ha recalcado Torres, quien también ha afirmado estar dispuesto a estudiar nuevas opciones, pero siempre a partir del documento que pactó con el Gobierno de Canarias y que se sometió a votación en el Congreso el 23 de julio en forma de proposición de ley, con rechazo del PP.
Ese texto plantea la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que las comunidades autónomas estén obligadas a acoger menores migrantes que hayan llegado a territorios que se encuentren desbordados, como ahora es el caso de Canarias y Ceuta.
En ese documento, ha recordado Torres, ya se incluyeron propuestas del PP, como el hecho de que ningún territorio quedase fuera -en alusión a Cataluña-, o en materia de financiación, pese a lo cual votó en contra “de la solución”.
Con información de EFE
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