Sumar plantea al Congreso crear una empresa pública que administre las centrales hidroeléctricas

El grupo parlamentario Sumar defiende este martes ante el Congreso una iniciativa para crear una entidad pública empresarial que administre las centrales hidroeléctricas del país. Esta propuesta busca que el Estado asuma la administración de las concesiones finalizadas sobre el dominio público hidráulico, en el marco de una mayor soberanía energética y una mejor distribución de los beneficios generados por la energía hidroeléctrica.

Desde la formación consideran que la gestión pública de la generación eléctrica es indispensable para alcanzar una verdadera soberanía energética y garantizar el bienestar social por encima de los intereses económicos privados. Para Sumar, la gestión de estos recursos hidroeléctricos en manos de empresas privadas no responde a criterios de competencia real y, a su juicio, las regulaciones existentes han demostrado ser ineficaces para corregir prácticas que van en contra del interés general.

Sumar basa su propuesta en la convicción de que la gestión pública es clave para garantizar un sector energético que priorice el bienestar social y no la maximización de beneficios. El grupo argumenta que el actual modelo de concesiones a empresas privadas en el sector hidroeléctrico no opera bajo una lógica competitiva justa y ha llevado a situaciones donde los intereses comerciales han primado sobre el bien común. Como ejemplo de estas deficiencias, Sumar cita la reciente absolución de Iberdrola Generación por parte de la Audiencia Nacional, en relación a una denuncia presentada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que acusaba a la empresa de manipular su generación hidroeléctrica para aumentar los beneficios. “Resolver este problema pasa por intervenir con otros instrumentos. Y esto solo es posible con un sector público fuerte”, enfatiza Sumar en su propuesta.

La propuesta de Sumar se centra en la creación de una empresa pública que, según el grupo, debe contar con personalidad jurídica propia, patrimonio y autonomía en su gestión para producir energía eléctrica mediante el uso privativo de las aguas. Esta compañía tendría como objetivo revertir los beneficios obtenidos en la ciudadanía, ayudando a los municipios afectados por la explotación hidroeléctrica y contribuyendo a la restitución económica y social de estos territorios. Sumar contempla dos vías para la creación de esta entidad: partir desde cero o bien transformar Hunosa, una empresa pública que pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en una nueva compañía pública de generación de energía. Esta entidad podría abrirse a la participación de las comunidades autónomas, lo que permitiría una mayor descentralización en la gestión y una implicación directa de los territorios en el control de sus recursos energéticos.

La formación también plantea que la nueva empresa pública pueda desarrollar e invertir en nuevas instalaciones de producción de energía y constituir sociedades o participar mayoritariamente en otras empresas ya constituidas en el ámbito de la generación de energía. De esta forma, se buscaría consolidar un modelo de gestión pública que no solo se limite a la administración de las concesiones vencidas, sino que también tenga un papel activo en el desarrollo energético del país. Sumar enfatiza que los beneficios de esta entidad pública deben revertir directamente en la sociedad y los territorios donde se encuentran las instalaciones hidroeléctricas, asegurando que los recursos generados se utilicen para mejorar la calidad de vida de las personas y contribuir a la restitución económica y social de las zonas afectadas.

Para llevar a cabo este plan, Sumar considera necesario realizar una reforma de la Ley de Aguas, que permita al Estado recuperar la gestión de las concesiones hidroeléctricas vencidas. Además, proponen la elaboración de un informe exhaustivo que clarifique el estado actual de las concesiones sobre el dominio público hidráulico, con el fin de determinar cuándo vencen y si se están cumpliendo los términos de dichas concesiones. El grupo parlamentario subraya la importancia de este análisis para garantizar una gestión transparente y responsable de los recursos hídricos del país, así como para evitar posibles irregularidades o abusos por parte de las empresas privadas que actualmente gestionan estas concesiones.