Los empleados públicos negociarán nuevas subidas salariales con el Gobierno para recuperar poder adquisitivo desde 2025

Los trabajadores del sector público se disponen a negociar con el Gobierno un nuevo paquete de medidas ante la finalización en 2024 del periodo de aplicación del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. El documento firmado hace dos años contiene diversas reformas que no han terminado de implementarse, como la reducción de la temporalidad del empleo público al 8% y el desarrollo de las distintas modalidades de jubilación, pero también fija las subidas salariales para 2022, 2023 y 2024, por lo que el escenario está sin definir a partir de 2025.

Los tres sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos, UGT, CCOO y CSIF, coinciden en que la subida retributiva será un punto clave a debatir con el nuevo ministro de Función Pública, Óscar López, aunque por el momento solo han tenido una toma de contacto inicial. Todavía no se barajan cifras concretas, pero los representantes de los trabajadores aspiran a conseguir subidas que permitan compensar la inflación.

Jesús Jordán, del área Pública de CCOO, defiende “llegar a un nuevo acuerdo salarial” para recuperar el poder adquisitivo perdido en los años de la crisis financiera y las pagas extras recortadas. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó en 2010 un recorte del 5% de media en los sueldos de los empleados públicos y después estuvieron congelados hasta 2015. Desde 2016, todos los Gobiernos han realizado subidas salariales anuales, pero no han permitido compensar el aumento de los precios, por lo que los empleados públicos han seguido perdiendo poder adquisitivo sin recuperar el de 2009. No obstante, los sueldos medios del sector público siguen siendo superiores a la media en España al situarse por encima de las retribuciones en el ámbito privado.

CSIF también se muestra dispuesto a negociar un nuevo acuerdo marco, aunque critica el firmado en 2022 por UGT y CCOO porque los empleados públicos “arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 6%” en los dos últimos años y asciende a “más del 20% desde el recorte salarial de 2010″. Desde UGT evitan señalar una cifra concreta de subida salarial, pero estarían dispuestos a un acuerdo a varios años introduciendo una parte variable en función del IPC y del PIB, replicando el acuerdo vigente.

Esta demanda de los sindicatos es a priori más factible de cumplir que otras que implican modificar o elaborar leyes, aunque el Gobierno tendrá que volver a tener en cuenta el límite de crecimiento de gasto público que fije Bruselas a través de las nuevas reglas fiscales, vigentes otra vez desde 2024. La tasa de referencia se deberá conocer en el Plan Fiscal estructural que España presentará a mediados de octubre tras haber negociado con la Comisión Europea.

Tanto en 2022 como en 2023, el aumento de los sueldos de los empleados públicos se fijó en los presupuestos (PGE) de cada año, un 3,5% en 2022 y un 2,5% en 2023, aunque ese año se terminó sumando un punto más por la evolución macroeconómica. Al no haber cuentas públicas nuevas en 2024, el Gobierno incluyó en el real decreto-ley de junio de medidas contra la crisis la subida del 2% con carácter retroactivo y deberá aprobar un 0,5% adicional a comienzos de 2025 porque la inflación de los tres últimos años supera el 8% fijado en el acuerdo marco.

Para financiar este y otros desvíos respecto a los PGE prorrogados, como el incremento de las pensiones con el IPC, se han tenido que modificar partidas y realizar ampliaciones de crédito, una praxis poco ortodoxa pero cada vez más habitual si el Gobierno sigue cerrando compromisos de gasto sin aprobar unas nuevas cuentas.

Más allá de los aumentos salariales, el Gobierno se comprometió a numerosas reformas que no ha culminado en el ámbito de la Función Pública, cartera por la que han pasado tres ministros distintos en menos de un año. Según un análisis de UGT realizado en mayo, el Ejecutivo solo había cumplido el 66% de las medidas del acuerdo marco y el resto se encontraban en negociación (14%); en sede parlamentaria (14%) y pendientes de abordar (6%).

En esta línea, CCOO resalta varios de los temas pendientes y los señala como prioritarios en las negociaciones que se establezcan con el equipo del nuevo ministro. El sindicato pide “progresar de manera más efectiva” en la jubilación anticipada con coeficientes reductores para generar más empleo y rejuvenecer las plantillas. Además, Jordán critica que a pesar de las ofertas récord de empleo público y de estabilización, continúa habiendo “un claro problema de escasez de profesionales”. El número de empleados públicos rozó los tres millones en enero de 2024, la mayor cifra de la historia, aunque está influida por un cambio metodológico que ha ‘aflorado’ empleo público.

En relación con esto, el sindicato recuerda la promesa de eliminar la tasa de reposición para todas las administraciones públicas, medida que finalmente el exministro Escrivá no adoptó por estar prorrogados los PGE. Esta limitación conllevó una Oferta de Empleo Público en julio con los mismos parámetros que las anteriores, sin la modernización anunciada, algo que Escrivá reconoció como insuficiente porque “empuja a la planificación en el corto plazo”.