El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la renovación del servicio telefónico de información básica de la Agencia Tributaria. Es decir, que Hacienda volverá a privatizar el teléfono de atención al ciudadano por un coste anual de 10,5 millones de euros. Como el contrato es por un año prorrogable por otros cuatro, el valor estimado total es de 52.066.115,70 euros. Los sindicatos SIAT y UGT han tachado de “escándalo” y “despilfarro” esta externalización de “funciones propias” de la Agencia después de que este mes de julio el Departamento de Recursos Humanos dejará caducar una convocatoria de 205 plazas de personal laboral de la oferta de empleo público de 2021, “alegando que no tenían cabida en la actual planificación”.
Mes y medio después, critican ambos sindicatos, la Agencia Tributaria se descuelga con un nuevo contrato cuyo objeto “es beneficiar a una empresa para que seleccione a dedo a 135 personas”, pagándole “la friolera de 10,5 millones de euros anuales”. SIAT y UGT han hecho sus cálculos. Esto supone que Hacienda pagará una media de 77.000 euros por operador, cuando estos trabajadores cobrarán realmente “los salarios precarios” del ‘Convenio Colectivo de Contact Center’, que fija retribuciones de 16.059,53 euros brutos anuales a jornada completa. “Muchos estarán contratados a tiempo parcial, con la consiguiente disminución salarial. Un empleado de la Agencia de una categoría equivalente (Grupo 4 del Convenio) supera los 21.000 euros brutos anuales”.
Por el coste este contrato, “la Agencia podría tener en plantilla a 500 trabajadores a tiempo completo, pero prefiere que una empresa privada aporte 135 trabajadores precarios, cobrando un 25% menos. ¡Qué escándalo! ¡Qué despilfarro de dinero público! ¡Qué falta de ética!”, denuncian ambas organizaciones sindicales. El Ministerio de Hacienda, por su parte, justifica este nuevo contrato porque “es imprescindible ofrecer atención telefónica como servicio complementario de la atención personal que prestan los Servicios de Información y Asistencia en las oficinas de la Agencia Tributaria. Así, se han venido ofreciendo desde hace años servicios telefónicos de información y asistencia tributaria a los contribuyentes, a los que se accede a través de números de teléfono centralizados”.
El servicio telefónico de información tributaria básica se implantó como experiencia piloto en 1993 para los meses de mayo y junio, en 1994 se aumentó su duración de mayo a diciembre, y en 1995 se prestó durante todo el año. Para 1997 resultó oportuno reforzar este servicio para la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (campaña de Renta). Actualmente existe un contrato en vigor que fue adjudicado en diciembre de 2019 y prorrogado sucesivamente hasta su próxima finalización el 31 de diciembre de 2024. Este servicio telefónico se viene prestando durante todo el año, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 19.00 horas, salvo en agosto en que el horario es de 9.00 a 15.00 horas. “Su objeto es atender cuestiones aduaneras y tributarias básicas sobre diversos impuestos que configuran el sistema tributario estatal, plazos, modelos, servicios de ayuda o los programas informáticos de ayuda para la cumplimentación de declaraciones, presentación telemática, o las cuestiones técnicas que planteen (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto de Actividades Económicas, Impuestos Especiales, Aduanas, la descarga de programas de ayuda...”), explican desde Hacienda.
Los sindicatos exigen paralizar el contrato
Según SIAT y UGT, el Gobierno gastará 52 millones de euros “para que una empresa haga lo mismo que los cientos de trabajadores de la Agencia Tributaria que han sido obligados a participar en el fracasado ‘Modelo de Información y Asistencia’ por las mañanas y los ‘voluntarios’ de las tardes que han sido estafados por sus jefes. Recientemente, les han comunicado que no les pagarán los 200 euros trimestrales prometidos verbalmente para que se apuntasen al horario especial”. Los sindicatos exigen que se paralice este contrato. “Esos recursos deben destinarse a retribuir a los trabajadores que participan en el ‘Modelo de Información y Asistencia’, así como a contratar al personal necesario para prestar un servicio 100% público y con el nivel de calidad que exige la ciudadanía”. No creen que “un ‘call center’, con trabajadores precarios sin la formación que requiere dicha actividad, pueda prestar un mejor servicio de información tributaria básica que los propios trabajadores de la Agencia Tributaria”.
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