El Gobierno creará un registro para conocer la propiedad de los medios de comunicación y limitará su financiación pública

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el titular de Cultura, Ernest Urtasun, iniciaron el pasado mes julio una ronda de contactos con los representantes de los grupos parlamentarios del Congreso para pactar las medidas de regeneración democrática esbozadas previamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Dos meses después, ambos dirigentes han especificado este martes el grueso de las 31 medidas contempladas en el plan aprobado en el Consejo de Ministros con la intención de “fortalecer la democracia” y hacer un “ecosistema de los medios de comunicación más transparente”, cuyas iniciativas se implementarán “a lo largo de los tres años de legislatura”.

Uno de los tres ejes del plan incluye medidas para “fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad de los medios para ofrecer información veraz”. En esta línea, Urtasun ha anunciado que el Gobierno creará un “registro de medios de comunicación” con información sobre su propiedad e inversión publicitaria que reciben, así como la obligación de que las Administraciones Públicas publiquen anualmente su inversión publicitaria.

También, se establecerá límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación para que “no haya medios impulsados por o dependientes de estas administraciones”. Otras medidas suponen la reforma de Ley de Publicidad Institucional para “introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación”, y garantizar sistemas de medición de audiencia con principios de “transparencia e imparcialidad”

Dentro de este apartado, el Gobierno quiere impulsar la reforma de la Ley de secreto profesional de los periodistas como “garantía jurídica para la protección de fuentes”, una Estrategia Nacional de “lucha contra las campañas de desinformación”, así como la reforma de las leyes orgánicas del derecho al honor y del derecho de rectificación al tildar de “obsoleto” el régimen actual. De esta manera, se mejorará el sistema que permite rectificar noticias “falsas o abiertamente tendenciosas”, con indemnizaciones y plazos adecuados.

Por otro lado, el Ejecutivo pretende retomar compromisos que quedaron pendientes en la anterior legislatura, como la reforma “integral” de los artículos del Código Penal que pueden afectar al “derecho de libertad de expresión y a la creación artística”, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos.

En cuanto a la modificación de la ley de seguridad ciudadana, el Gobierno derogará el artículo de la llamada ley mordaza que sanciona el “uso no autorizado” de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Cabe recordar que este precepto fue declarado inconstitucional y los policías ya no lo aplican, tal como informó Infobae España. En todo caso, el Ejecutivo se abre volver a recuperar el resto de medidas de la norma que estuvieron a punto de aprobarse en el anterior periodo legislativo, aunque su debate se frustró por la falta de acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu y ERC.

Otro de los ejes aborda el sistema político y electoral, que debe ser “transparente para mejorar su funcionamiento, evitar conflictos de intereses y reforzar la transparencia del proceso legislativo y sus principales actores”. Entre las iniciativas, el Gobierno planteará retomar la ley de grupos de interés, conocidos como lobbies, para conocer la influencia de cada sector en la elaboración de las leyes; y obligará a realizar el Debate sobre el Estado la Nación y que los candidatos acudan a los debates en campaña electoral.

Sobre las encuestas que se publiquen en periodo electoral, el Ejecutivo propone que se obligue a la publicación de todos los microdatos de las mismas, además de fortalecer el régimen sancionador a los partidos que no presenten sus cuentas de manera adecuada.

Por otro lado, la tercera pata trata de ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental. “La ciudadanía tiene que disponer de información directa y fácil sobre cómo funcionan las administraciones para fiscalizarlas y evitar la corrupción”, explican desde Moncloa. Por ello, se desarrollará una nueva estrategia de Gobierno abierto y se remitirá a las Cortes un nuevo proyecto de ley de administración abierta.

Además, para luchar contra la corrupción, el Ejecutivo recomienda la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, la rendición de cuentas obligatoria para conocer cómo se cumplen los programas de gobierno, y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, una norma promulgada por Francisco Franco en abril de 1968.

Bolaños ha dejado claro que el grueso de estas medidas tendrán que pasar por las Cortes, por lo que necesitará el apoyo de una mayoría en la Cámara Baja, algo que se antoja complicada dada la debilidad parlamentaria del Gobierno para sacar sus normas en el Congreso.