Estas son las principales medidas que quiere aprobar el Gobierno en su ‘Plan por la democracia’

Con el objetivo de construir una democracia “más limpia, fuerte y transparente”, el Gobierno ha aprobado este martes el Plan de Acción por la Democracia, con el objetivo de instaurar una serie de medidas destinadas a fortalecer la confianza en las instituciones y en los medios de comunicación, así como combatir la desinformación y el “extremismo político”.

El proyecto, que el gobierno socialista de Pedro Sánchez se plantea ejecutar en los tres años que quedan de legislatura, se articula en tres ejes fundamentales y cuenta con un total de 31 medidas. El plan propone, entre otros, “combatir amenazas como la desafección, la desinformación o el extremismo político”, según recoge el texto difundido a los medios de comunicación.

Uno de los pilares fundamentales de este plan es garantizar que la ciudadanía tenga acceso a información clara y directa sobre el funcionamiento de las administraciones, y por ello, el primer eje está destinado a “ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental”. Según el texto, “la ciudadanía tiene que disponer de información directa y fácil sobre cómo funcionan las administraciones para fiscalizarlas y evitar la corrupción.” Para lograr este objetivo, se han propuesto una serie de medidas, como implementar una estrategia de Gobierno Abierto, crear la Autoridad Independiente de Protección del Informante, hacer obligatoria la rendición de cuentas para que se pueda conocer el cumplimiento de los programas de gobierno, o actualizar la Ley de Secretos Oficiales.

El Gobierno ha explicado que para una democracia, es crucial que los medios de comunicación “sean libres y de calidad”. Por ello, en esta área, el Gobierno quiere obligar a que las administraciones públicas publiquen anualmente su inversión publicitaria, a la par que se reforma la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación.

El plan incluye limitar a la financiación que las administraciones públicas “pueden dedicar a los medios de comunicación para que no haya medios impulsados por o dependientes de estas administraciones”, además de abogar una reforma integral de los artículos del Código Penal que afectan al derecho de libertad de expresión y a la creación artística.

Con estas medidas, se busca evitar cualquier forma de censura o manipulación de la información y se impulsará una Ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes, fortaleciendo así el papel indispensable de la prensa en el sistema democrático.

Uno de los puntos más destacados del plan es la intención del Gobierno de combatir la desinformación. El plan contempla la aprobación de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación y la reforma de la ley del derecho al honor y la intimidad, así como de la ley del derecho de rectificación, con el objetivo de mejorar el sistema que permite corregir noticias “falsas o abiertamente tendenciosas”, estableciendo indemnizaciones y plazos adecuados.

Además, se incluye la reforma de los delitos del Código Penal que pueden afectar a la libertad de expresión, específicamente aquellos relacionados con las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnio público. Estos son, el caso del delito de injurias (artículo 208) a instituciones del Estado, la ley mordaza o la ley de secretos.

Por último, el tercer eje consiste en la mejora del sistema político y electoral, con múltiples medidas dirigidas a evitar conflictos de intereses y a reforzar la transparencia. “El sistema político y electoral debe ser transparente para mejorar su funcionamiento,” según ha explicado el Gobierno.

Entre las medidas más destacadas están la creación de una Ley de grupos de interés (o lobbies) para conocer la influencia de cada sector en la elaboración de las leyes, a la vez que se plantea diversas reformas legales para establecer la obligación de celebrar anualmente el debate del estado de la nación, celebrar también debates electorales o publicar todos los microdatos de las encuestas electorales.

Estas medidas buscan proporcionar a la ciudadanía herramientas para controlar a sus representantes y asegurar que el proceso electoral sea claro y accesible. “Ponemos a la ciudadanía en el centro de una democracia limpia y ampliamos su capacidad para tomar decisiones informadas,” sostienen.