Ayuso privatiza el centro que quiere sacar de las calles a las mujeres que se prostituyen en polígonos como Marconi, Garena, Cantueña o Las Monjas

El anuncio fue muy breve. El pasado 3 de septiembre la Comunidad de Madrid publicó una escueta nota de prensa que decía que el Consejo de Gobierno había aprobado una inversión de 1,7 millones de euros para crear “un nuevo centro de atención integral para ayudar a mujeres a dejar la prostitución”. Este nuevo dispositivo, cuyo contrato se extenderá del 1 de noviembre de este año al 31 de diciembre de 2026, “ofrecerá servicios de atención social, jurídica, psicológica y mediación intercultural, entre otros”. Además, “brindará recursos y herramientas” para que las meretrices puedan salir de las calles e incorporarse al mercado laboral.

Ocho días después, el 11 de septiembre, el Ejecutivo autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso inició el expediente de licitación para la gestión del “Centro de Atención Integral ARTEMISA para mujeres en situación de prostitución que desean abandonar esta situación”. Se trata de una adjudicación porque no lo gestionará directamente la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, sino una empresa privada. La Comunidad de Madrid lo justifica argumentando que “la Dirección General de Igualdad no dispone de inmuebles vacantes ni de los restantes medios materiales necesarios para ejecutar el contrato”.

Además, “la Subdirección General de Atención Integral a las Víctimas y Prevención de la Violencia de Género se compone de 32 empleados, de los cuales 15 realizan funciones de administrativos y 17 son personal destinado a la atención de los recursos residenciales, en calidad de asistentes sociales, educadores y psicólogos”. Y este equipo va a sufrir bajas. “Cuando termine 2025, a la mitad del periodo de ejecución del contrato, el personal de la citada Subdirección se reducirá a 13 empleados en la atención de recursos y 10 con funciones de administración general”, aseguran desde la Consejería. Por último: “el régimen aplicable a estos empleados públicos, en materia de jornada y horarios, es incompatible con la prestación de un servicio de las características del contrato que nos ocupa, dado que se trata de un recurso que engloba atención también en horario nocturno, por lo que considera más adecuado promover su licitación”. Es decir, el Ejecutivo autonómico privatiza el servicio porque no cuenta con medios materiales ni personal suficiente ni con la formación específica para llevarlo a cabo.

La Comunidad de Madrid ha concebido el Centro ‘ARTEMISA’ como un recurso especializado dirigido a mujeres que ejercen la prostitución “en contextos de vulnerabilidad o conflicto por circunstancias personales, familiares o sociales, cuyo objetivo prioritario es fomentar su autonomía e inserción en la sociedad”. Este nuevo centro, “pionero en España”, según el Gobierno regional, contará con 16 profesionales: un coordinador; dos psicólogos; dos abogados; seis trabajadores sociales, dos técnicos graduados en Ciencias Sociales y Humanidades; un auxiliar administrativo, y dos mediadores interculturales.

El proceso de atención a mujeres que ejercen la prostitución se articulará en tres ejes. El primero, gracias a una unidad móvil que permitirá “la localización de zonas de ejercicio de prostitución en las que sea posible encontrar potenciales usuarias”, señala la memoria justificativa del contrato. Y es que la Comunidad tiene identificado el “mercado de la prostitución en la región”: calles del centro de la capital y los polígonos industriales de Marconi en el distrito de Villaverde, Vicálvaro, la Garena en Alcalá de Henares, la Cantueña en Fuenlabrada, Regordoño en Móstoles y Las Monjas en San Fernando de Henares. Sin olvidar los clubes de alterne que florecen en la autovías que salen de Madrid y van a “Córdoba, Toledo, Badajoz, Burgos y Zaragoza”.

Una vez localizadas estas mujeres, los profesionales del centro podrán interactuar con ellas en otros dos ejes: “Ofreciéndoles información sobre salud integral, hábitos saludables y prevención de situaciones de riesgo”, y una posterior derivación al centro “que permita iniciar un proceso de recuperación, protección y atención integral” con el objetivo de fomentar su autonomía e inserción en la sociedad, así como una salida en el mercado laboral. El centro funcionará de lunes a viernes de 9.00 a 19.00 horas. La Unidad Móvil deberá prestar atención de lunes a domingo con un total de 56 horas semanales distribuidas en horario de mañana, tarde y noche.

Además de este nuevo centro, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales dispone desde el año 2009 del Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (CIMASCAM), con el que la región fue pionera en este tipo de asistencia. También cuenta con un ‘Centro de Crisis 24 horas’, que se abrió en 2023 y está especializado en víctimas de violencia sexual de manera continuada los 365 días del año. A ello se suma otro espacio destinado a ayudar a víctimas de violencia con discapacidad intelectual. Hace unos días, en el debate del estado de la región, la presidenta Ayuso también anunció la creación del primer centro para atender a hombres víctima de violencia sexual.