Expulsados de un centro de acogida tras ser desahuciados hace dos meses: la imposible lucha de Zohra y su familia por encontrar una vivienda

A finales de julio, el desahucio de Zohra, su marido y su hijo menor de edad mostró, una vez más, la realidad a la que muchas familias se enfrentan cuando se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y económica. Entonces se les ofreció a todos, como alternativa, pasar a habitar uno de los cubículos del centro de acogida temporal de Las Caracolas. Sin embargo, este refugio solo se ofrecía para unas semanas, en las que debían encontrar otra vivienda antes de ser expulsados, cosa que no han conseguido, por lo que Zohra y sus seres queridos que deben abandonar el centro el próximo 18 de septiembre como muy tarde.

El aviso les fue notificado tras varias agónicas semanas en las que tanto ella como su esposo y el pequeño han comprobado lo difícil que puede ser no solo encontrar un piso que se pueda pagar, sino que además los propietarios te acepten con inquilinos. “He visto habitaciones por 400 euros, pero todos me dicen que no porque no quieren niños, solo parejas. Nadie nos alquila una habitación con un hijo”, aseguró hace poco más de un mes a Infobae España, cuando nos entrevistamos con ella.

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Por aquel entonces, nos contó que, mientras que ella está operada de las dos rodillas, su marido tiene una discapacidad de más del 50%. Zohra trabajó durante muchos años limpiando casas, pero actualmente subsisten solo con una pensión de 850 euros y un pequeño extra con el Ingreso Mínimo Vital. “Los precios de alquiler alcanzan los 1.400 euros al mes, con requisitos de contrato fijo y un año de trabajo estable, condiciones imposibles para Zohra debido a su situación económica y de salud”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

Esta organización ha seguido el caso de esta familia y clama ahora que, a pesar de que sus integrantes lleven solicitando desde 2018 un alquiler social a Servicios Sociales, la única respuesta haya sido la notificación de que Zohra y los demás deben abandonar el centro de acogida en el que han vivido los últimos dos meses. “Aparte de los comentarios racistas que Zohra ha tenido que aguantar por parte de Servicios Sociales, insisten en que en estos dos meses ha tenido tiempo de encontrar una vivienda que se ajuste a sus ingresos”, explican desde el Sindicato. “Con unos precios desorbitados, oposición frontal a alquilar a mujeres con hijos y requisitos inalcanzables; es imposible que Zohra encuentre una alternativa”.

No parece, por lo tanto, que las autoridades estén dispuestas a ayudar a esta familia. Y es que ni siquiera el Real Decreto 11/2020, que contiene medidas urgentes en el ámbito social y económico para hacer frente a los desalojos que pudieran sufrir las personas más vulnerables -en vigor hasta diciembre de 2024-, sirvió para protegerles. Un juez consideró que, a pesar de que el propietario del domicilio de Zohra y los suyos contaba con otras 27 viviendas, la mujer no había podido demostrar que el arrendador tuviera todas esas propiedades. No tuvieron más remedio que marcharse.

Y, si ahora la posibilidad de acabar en la calle es más cercana que nunca, lo cierto es que ya su vida desde el desahucio no ha sido nada sencilla, empezando por la complicada situación con la que se encontraron en el centro de acogida. “Mi hijo me dice que esto parece una cárcel”, nos decía entonces. “Estamos tres familias en una misma casa -cada una de una habitación- y aquí no se puede jugar”. El Sindicato corrobora esta precaria situación en Las Caracolas: “Cada familia tiene una habitación sin cocina en la que pasar unas cuantas semanas hasta ser expulsada. Ni siquiera es posible quedarse en el centro con unas condiciones nefastas”.

Así, parece que la estancia de Zohhra, su marido y el niño en el centro parecen haber llegado a su fin. Por ello, el Sindicato ha organizado una protesta para mañana, martes 17, a las 11 justo en el lugar del que todos ellos serán expulsados. “Tenemos claro que solo a través de la organización podemos acabar con los desahucios”, afirman desde esta entidad. “Organizarnos para bajar los precios de los alquileres. Organizarnos para luchar por que nuestras casas sean de quienes las habitamos y no de los rentistas que nos explotan. En definitiva, organizarnos para que la vivienda deje de ser el negocio de unos pocos y sea, de una vez por todas, un derecho universal”.