Las querellas por prevaricación cercan al juez Peinado y abren una vía para apartarlo de la instrucción contra Begoña Gómez

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tendrá que decidir si abre una investigación por prevaricación y otros delitos contra el instructor de la investigación a la esposa del presidente del Gobierno

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Fotografía de archivo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con su esposa, Begoña Gómez. EFE/Borja Sánchez-Trillo
Fotografía de archivo del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con su esposa, Begoña Gómez. EFE/Borja Sánchez-Trillo

Al juez Juan Carlos Peinado se le podría ir el caso Begoña Gómez de las manos. La admisión a trámite de la querella interpuesta por la esposa del presidente del Gobierno contra el magistrado, lo que abriría una investigación judicial contra él, lo apartaría con casi toda seguridad de la instrucción que dirige desde hace casi cinco meses.

La Fiscalía ya ha informado en favor de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid investigue al juez Peinado por un presunto delito de prevaricación en virtud de la querella que también interpuso el presidente del Gobierno contra el magistrado. Se espera que el tribunal se pronuncie sobre ambas a lo largo de este mes de septiembre y, de admitir a trámite la interpuesta por Begoña Gómez, que incluye otros delitos, la ley dice que el magistrado debería quedar fuera de la instrucción.

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En concreto, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 219, establece como una de las causas de “abstención” o “recusación” de un juez “estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento”.

Es decir, si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid incoa un procedimiento penal tras la querella de Begoña Gómez, parte en la causa que se sigue contra ella, se abrirían dos vías para que el procedimiento dejase de estar en las manos del juez Juan Carlos Peinado. La primera es que el propio instructor se abstuviera y dejase de mutuo propio la causa, una posibilidad que las fuentes jurídicas consultadas no contemplan por algunos de los argumentos que recogen Pedro Sánchez y Begoña Gómez en sus querellas.

Una probable recusación

La segunda, más probable, es que alguna de las partes personadas en el procedimiento solicitase formalmente la recusación del magistrado. Según las mismas fuentes, cabría esperar que la defensa de Begoña Gómez, así como las de otras personas investigadas, tomasen esta medida.

Begoña Gómez recurre la decisión del juez de tomar declaración como testigo a Pedro Sánchez.

El Ministerio Público apoyó la admisión a trámite de la querella presentada por Pedro Sánchez a través de la Abogacía del Estado, ésta no sería suficiente para apartar al magistrado de la instrucción, ya que el presidente del Gobierno, pese a haber comparecido como testigo, no es parte en el procedimiento. Cabe recordar que el juez debería elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para solicitar la imputación del líder del Ejecutivo.

Sin embargo, algunos de los argumentos esgrimidos por la Fiscalía en su escrito, en caso de hacerlos valer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, podrían aplicarse a la querella presentada por Begoña Gómez. Por ejemplo, el Ministerio Público señaló que la ampliación de la querella de Pedro Sánchez “no viene sino a abundar en la necesidad de iniciar una investigación a fin de determinar si las resoluciones dictadas pueden enmarcarse en una interpretación de la ley basada en cánones interpretativos admitidos o, por el contrario, persiguen una finalidad ajena al proceso”.

Además de las mencionadas querellas, la defensa de Begoña Gómez deposita sus esperanzas para poner fin al procedimiento en la resolución de los recursos presentados por la Fiscalía y el propio abogado de la investigada, en los que solicitan el archivo de la causa o bien la acotación de la investigación. La Audiencia Provincial de Madrid los resolverá el próximo 30 de septiembre.

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