Los obstáculos de las víctimas de sumisión química ante la Justicia aumentan: “La cultura de la violación hace que el sistema dude de ellas”

La francesa Gisèle Pelicot fue drogada por su marido durante casi una década para que otros hombres la violaran en su propia casa. ‘Infobae España’ habla con la experta en violencia sexual Bárbara Tardón sobre las dificultades de estas víctimas para que la Justicia les crea

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Gisele Pelicot camina en el
Gisele Pelicot camina en el juzgado de Aviñón, Francia. (REUTERS/Manon Cruz)

A Gisèle Pelicot, la mujer francesa a la que su marido drogó con ansiolíticos durante casi una década para que decenas de hombres abusaran sexualmente de ella, fue la policía quien le avisó de las atrocidades que había cometido Dominique Pelicot. En realidad, los agentes le detuvieron en 2020 por grabar a mujeres sin su consentimiento en un supermercado y después encontraron en su ordenador más de 2.000 vídeos e imágenes donde se veía cómo su esposa era agredida por los hombres que en estos días están declarando ante un tribunal en Avión, al sur de Francia, en un macrojuicio. Todos ellos, contactados a través de Internet, se enfrentan a 20 años de prisión por un delito de violación agravado, al igual que el principal acusado.

La mujer, que no era consciente de las violaciones porque estaba bajo los efectos de somníferos y ansiolíticos, decidió testificar en público “en nombre de todas esas mujeres que quizás nunca serán reconocidas como víctimas”, con el objetivo precisamente de evitar más casos de sumisión química. Por lo general, tal y como explica a Infobae España la investigadora Bárbara Tardón, a las víctimas y a las supervivientes de violencia sexual “nunca se las va a creer, ya que es una de las bases de la cultura de la violación”, ese sistema de creencias que, sustentado en falsos mitos y prejuicios, reproduce, normaliza e invisibiliza ese tipo de violencia. Pero en el que caso de quienes han sido sometidas a sumisión química tienen aún más obstáculos ante la Justicia, porque además de no recordar con claridad lo ocurrido, a veces no existen las “evidencias científicas” suficientes que les ayuden a corroborar esa agresión sexual.

Gisèle Pelicot abandona el tribunal donde juzgan a su marido por drogarla para que la violaran.

“La mayoría de las víctimas que han sufrido agresiones sexuales tienen que enfrentarse a un escenario de descrédito, e incluso en los casos más evidentes donde existen pruebas. Y cuando la agresión se produce a través de la sumisión química, las supervivientes se enfrentan a un escenario de desprotección y descrédito aún mayor, porque nuestra cultura de la violación se configura en base a una serie de evidencias científicas que se establecen desde un marco patriarcal lo que tiene que ser una víctima ideal y lo que tiene que ser un agresor ideal”, sostiene Tardón, experta en violencia sexual y derechos humanos. La idea que se ha construido de la víctima perfecta o ideal es la de una mujer frágil o vulnerable, a la que no se le pueda culpar por donde estaba y que denuncia enseguida.

“Cuando no existen evidencias científicas de que se ha producido una agresión sexual de acuerdo a esa cultura de la violación, todo el sistema, toda la estructura y las propias instituciones van a dudar de que se haya producido dicha agresión”, añade.

Algunos de los acusados de
Algunos de los acusados de agredir sexualmente a Gisèle Pelicot. (Edgar Sapiña/EFE)

Los centros de crisis son “fundamentales”

Por eso es importante, sostiene Tardón, que no solo se repare a las supervivientes de violencia sexual desde el ámbito judicial, sino “desde sus necesidades” y que puedan contar con una serie de herramientas, de recursos asistenciales como son los centros de crisis 24 horas de atención especializada. De hecho, aunque la Ley de Libertad Sexual, conocida como la ley del ‘solo sí es sí’, exige que a finales de año cada provincia cuente al menos con uno de estos centros de crisis, de momento solo hay siete en funcionamiento en toda España. Hasta la fecha, están operativos en Cantabria (Santander), País Vasco (Bilbao y Vitoria), Murcia (El Palmar), Navarra (Pamplona), Melilla y Castilla-La Mancha (Albacete), si bien el Ministerio de Igualdad prevé que próximamente abran sus puertas los de Madrid, San Sebastián, Teruel, Huesca, Toledo y Guadalajara. Este mismo miércoles, la ministra Ana Redondo envió una carta a las comunidades autónomas para que “hagan todo lo que esté en su mano” para abrirlos antes del 31 de diciembre.

En esos centros de crisis, “las expertas que acompañan a las víctimas siempre van a creerlas y van a poder realizar ese proceso de acompañamiento para su reparación desde sus necesidades y sus deseos. Las expertas y profesionales entienden lo que es la cultura de la violación, los matices que hay detrás de una agresión sexual, incluso cuando se ha producido a través del uso de las drogas, por lo que no van a dudar nunca de lo que la superviviente les está relatando”, asegura Tardón.

La experta, sin embargo, advierte de que la propia cultura de la violación también genera ciertos prejuicios y creencias en quienes tienen que atender a las supervivientes y acompañarlas, y cuando no existen evidencias como pueden ser unas lesiones físicas, “se pone en marcha todo su sistema de creencias y de prejuicios configurados por esa cultura para no creer a las víctimas y supervivientes”, por tanto, en el caso de que las agresiones se produzcan a través de la sumisión química, “es aún más difícil”.

Y aunque en el caso de Gisèle Pelicot son muchas las pruebas para que la Justicia la crea, Tardón aclara que “habrá que analizar los argumentos que está aportando la defensa de los acusados”, pues ni siquiera con todas esas evidencias e imágenes con las que cuenta a su favor “van a creerla de un día para el otro”. Como ejemplo de las dificultades que atraviesan estas víctimas, cita el caso de La Manada, en el que cinco hombres violaron en grupo a una joven durante las fiestas de San Fermín en 2016 y “ella no solo fue cuestionada, sino que también tuvo que lidiar con las acusaciones de la prensa, la calle y hasta los tribunales”.

Según los datos del Ministerio del Intrerior, en España a lo largo de 2023 los delitos contra la libertad sexual denunciados ascendieron a 21.825, de los que uno de cada cinco fueron violaciones y un 42% de las víctimas de esa violencia sexual fueron menores. Otros datos relevantes son los que desveló la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019, ya que el 44,2% de las mujeres que habían sufrido violencia sexual fuera de la pareja aseguraron que la agresión sucedió en una casa (18,5% en su propia casa, 20,1% en casa de la persona agresora, 9,7% en la casa de otra persona), el 17,8% en bares o discotecas, y el 32% dijo que sucedió en zonas abiertas como calles o parques. No obstante, en el caso de las mujeres que habían sufrido una violación, el porcentaje de quienes mencionan una casa como lugar de alguna de las agresiones sexuales es significativamente mayor: un 59,1%.

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