Yolanda Díaz promete acabar con las falsas autónomas del empleo doméstico tras regular sus riesgos laborales

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto que garantiza la prevención de los riesgos laborales de las empleadas del hogar y de las trabajadoras de los servicios de ayuda a domicilio, completando así lo dispuesto en el Real Decreto 16/2022 y cumpliendo con el convenio 189 de la OIT ratificado por España en 2023. La norma, publicada este miércoles en el BOE, culmina el proceso de igualar los derechos de las empleadas del hogar al resto de trabajadores, pero aún queda un vacío regulatorio en los trabajos de cuidados controlados por plataformas digitales, popularizados especialmente en los últimos años en el ámbito de la limpieza.

Así lo ha señalado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Muchas de estas mujeres ahora mismo trabajan a través de plataformas digitales y en calidad de falsas autónomas”, ha criticado, por lo que ha prometido que “el siguiente paso va a ser corregir esa irregularidad”.

Díaz no ha detallado cómo llevará a cabo el cambio ni el periodo en el que se plantea hacerlo, pero España debe transponer la directiva de plataformas digitales que persigue el uso de falsos autónomos. La norma, aprobada hace unos meses, se tendrá que incorporar a la legislación nacional en el plazo de dos años a contar desde la fecha de publicación en el Diario Oficial de la UE, algo que todavía no se ha producido.

España fue pionera en controlar el uso de los falsos autónomos a través de la conocida como ley rider (Ley 12/2021), pero solo actúa sobre el trabajo de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de las plataformas digitales. La directiva va más allá e incluye a todos los sectores productivos, por lo que su transposición sería una oportunidad para incluir a las empleadas del hogar dedicadas a la limpieza y a otras labores de cuidados.

La norma presume laboralidad si las plataformas digitales controlan y dirigen el trabajo de los autónomos, por lo que los trabajadores o sus representantes pueden alegar que están mal clasificados y la plataforma deberá acreditar que no existe relación laboral para negarse a cambiar la clasificación. También obliga a que los trabajadores estén informados de los algoritmos que controlan su contratación, sus condiciones de trabajo y sus ingresos y prohíbe el uso laboral de datos biométricos.

Mientras España decide si extender la ley rider al resto de los sectores, los tribunales ya han reconocido la condición de falsas autónomas a algunas trabajadoras de la limpieza. El caso más conocido es el de Clintu, condenada en 2023 por el Juzgado de lo Social nº 15 de Barcelona a pagar 1,29 millones de euros en concepto de cuotas de la Seguridad Social atrasadas al considerar que existía una relación laboral entre la empresa y sus trabajadoras. El caso surgió por la denuncia de CCOO, que llevó a un acta de la Inspección de Trabajo y a una demanda de la Tesorería General de la Seguridad Social solicitando que se declarara el carácter laboral de la relación entre la empresa y las 505 trabajadoras.

Tras la aprobación de la ley rider y la intensificación de las actuaciones sobre los posibles falsos autónomos, la Inspección de Trabajo disparó la regularización de estas situaciones: 39.044 en 2022 y más de 32.000 en 2023, según los últimos datos conocidos, aunque fuentes del organismo apuntan a una desaceleración en las regularizaciones durante 2024.

A pesar de la intención manifestada por Yolanda Díaz, la aritmética parlamentaria y la estrategia del socio mayoritario del Gobierno hacen que sus anuncios que requieren de la aprobación de leyes no vean la luz. Desde la conformación del gobierno de coalición en noviembre de 2023, la vicepresidenta segunda no ha conseguido aprobar ninguna ley impulsada por su cartera, aunque sí ha convalidado el real decreto-ley del nivel asistencial de desempleo tras varios desencuentros.

Las leyes laborales más avanzadas en tramitación en el Congreso son la que transpone la directiva de condiciones laborales transparentes, que ya está fuera del plazo que marca Bruselas, y la ley que prohíbe el despido automático por incapacidad permanente. También siguen en un estado inicial la reducción de la jornada laboral, medida estrella de Sumar para esta legislatura, y en agosto venció el plazo para la transposición de la directiva europea de conciliación, que establece la retribución de los permisos parentales. Según el Ministerio de Trabajo, Bruselas podría multar con unos siete millones de euros a España.