El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha otorgado la incapacidad permanente total a una trabajadora de Correos afectada por hipotiroidismo, fibromialgia y fatiga crónica, entre otras patologías. Pese a la oposición del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), el tribunal desestimó el recurso presentado por estas instituciones y reconoció que las limitaciones funcionales de la demandante le impiden seguir ejerciendo su profesión de cartera.
La resolución, emitida el 3 de julio de 2024 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección 2, bajo la ponencia de la magistrada María Aurora de la Cueva Aleu, se enmarca en el recurso de suplicación interpuesto por el INSS y la TGSS contra una sentencia previa del Juzgado de lo Social nº 18 de Madrid. Esta sentencia, dictada en noviembre de 2023, ya había declarado a esta mujer en situación de incapacidad permanente total debido a las múltiples dolencias que padece.
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Doña Leonor, nacida en 1972, había desarrollado una carrera como cartera, afiliada al Régimen General de la Seguridad Social. Desde el 2014, tenía reconocido un grado de discapacidad del 37% debido a diversos problemas en el sistema osteoarticular. Sin embargo, desde diciembre de 2020, tras ser diagnosticada con hipotiroidismo, inició un proceso para solicitar la incapacidad permanente.
En 2022 se concluyó que sus lesiones no eran suficientes para justificar una incapacidad permanente
A lo largo de los años, fue acumulando otros problemas de salud como fatiga crónica, gastritis autoinmune, cervicalgia y disnea, que dificultaban seriamente su capacidad para cumplir con las exigencias físicas y funcionales de su trabajo. Pese a su grado de discapacidad, una evaluación médica inicial en 2022 concluyó que sus lesiones no eran suficientes para justificar una incapacidad permanente, lo que llevó a la Seguridad Social a denegarle dicha prestación.
No obstante, el Juzgado de lo Social nº 18 de Madrid falló a favor de la trabajadora, declarando que sus dolencias sí le impedían realizar las tareas propias de su profesión de cartera. Esta sentencia le reconoció una pensión equivalente al 55% de su base reguladora, cifrada en 1.308,31 euros mensuales.
El INSS y la TGSS interpusieron un recurso de suplicación, argumentando que las limitaciones de esta mujer no justificaban una incapacidad permanente total y solicitando la revisión de los hechos probados y de la base jurídica de la sentencia. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia desestimó estos argumentos, considerando que las pruebas médicas aportadas eran concluyentes en cuanto a la gravedad de las limitaciones funcionales de la demandante. Entre las patologías que justificaban la incapacidad se mencionaron la fatiga crónica, la disnea con baja capacidad pulmonar y el hipotiroidismo.
El fallo del tribunal confirma que Doña Leonor no puede seguir desempeñando su trabajo debido a la exigencia física de su profesión y la naturaleza crónica de sus afecciones. La resolución subraya que la demandante se encuentra en una situación de incapacidad permanente total y ratifica la pensión otorgada previamente por el juzgado.
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