Mónica García y Enrique Osorio no son la excepción: el bono social llega mejor a los hogares pudientes por su diseño sesgado

Hace un año y medio, en la antesala de las elecciones autonómicas, se conoció que las familias de varios políticos cobraban el bono social eléctrico, un descuento en la factura de la luz para combatir la pobreza energética. Los nombres que sufrieron el escarnio público fueron Enrique Osorio, actual presidente de la Asamblea de Madrid; Mónica García, ministra de Sanidad, y Fran Martín, delegado del Gobierno en Madrid. Más allá de las características de cada caso y de sus respectivas polémicas, que estas tres familias de rentas elevadas recibieran la ayuda no se debe a tres casos aislados, según demuestra el informe de EsadeEcPol y Oxfam Intermón publicado este jueves.

Los autores, Natalia Collado y Ángel Martínez, constatan que la tasa de cobertura del bono social eléctrico tiende paradógicamente a crecer con el nivel de ingresos. Es decir, que el porcentaje de hogares que reciben la prestación sobre el total que tendrían derecho es mayor entre las familias de los deciles superiores de renta, que presentan menor incidencia de pobreza energética. Se trata de una conclusión que no se observa a simple vista con los datos de beneficiarios del bono social, ya que dos de cada tres se concentran en los dos primeros deciles de renta. Pero el análisis de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) es el que permite calcular qué porcentaje de población con derecho a la ayuda está cubierta en cada franja de renta.

Los resultados son que, en el año 2022, solo el 21% de los hogares más pobres (primer decil) con derecho al bono lo recibieron frente a, por ejemplo, el 39% del séptimo decil o el 26% de los más ricos (décimo decil). Una situación similar se produjo en 2021 y 2020, aunque incluso registraron mayores diferencias entre la tasa de cobertura del primer y del último decil. La tasa de cobertura general solo ascendió al 24,5% en 2022, inferior a otras ayudas mínimas, como el 36% alcanzado por el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Si todos los hogares que tienen derecho al bono social lo recibieran, se pasaría de los 1,4 millones de beneficiarios actuales a más de cinco millones, según el informe.

Esta cobertura contrasta con la incidencia de la pobreza energética registrada por el INE en la ECV: el 35,4% de los hogares en el primer decil de renta no pudieron mantener la vivienda con una temperatura adecuada en 2022, frente al 4,3% del décimo quintil. Un problema que se ha agravado a raíz de la crisis energética, disparando el porcentaje de hogares con dificultades en la temperatura de su vivienda del 10,9% de 2019 al 20,7% en 2022.

El bono social eléctrico se introdujo en 2009, pero adquirió su forma actual en 2017 y se ha consolidado como la principal herramienta del Gobierno para mitigar el impacto de la pobreza energética a pesar de sus constatados problemas de alcance. Además, los bonos los sustentan el resto de clientes energéticos a través de sus facturas, por lo que esta ayuda puede resultar ligeramente regresiva si eleva la factura (detrae recursos) del conjunto de los consumidores para destinar una parte a familias de rentas elevadas.

Actualmente se puede acceder al bono social por tres vías: acreditar ser familia numerosa; tener una renta baja (en 2022 el umbral era de 8.106,28 euros) o recibir una pensión mínima. Este diseño de los requisitos para acceder al bono permite que las familias numerosas de todo tipo puedan obtenerlo sin importar su nivel de renta, como es el caso de los tres políticos mencionados. A raíz de las polémicas, el gobierno central prometió introducir criterios de renta para las familias numerosas, pero no se ha llevado a cabo ninguna modificación de la normativa.

Además, hay otros factores que sesgan la prestación facilitándola para las rentas elevadas. Los autores sugieren que el aumento de los precios energéticos ha podido llevar a más familias a solicitar el bono y señalan la “falta de tiempo disponible” y de otras herramientas, como conexión a internet y conocimientos para realizar los trámites con el Estado. “Hace que la asimetría de información sea decisiva en este tipo de política”, aseguran, ya que es mucho más sencillo demostrar que una familia es numerosa en comparación con las comprobaciones necesarias para el umbral de renta. “Podemos inferir que el proceso de concesión a través del criterio de renta es una barrera de acceso para la población vulnerable”, afirman los autores al comprobar que los deciles pobres tienen mayor tasa de cobertura si son familia numerosa (en torno al 40%) frente al entorno del 20% que registran en general.

La tasa de cobertura del bono es también menor entre la población extranjera, más vulnerable económicamente y con mayor incidencia de pobreza energética, debido al mencionado factor de complejidad en los trámites y a las barreras lingüísticas. Lo mismo sucede entre los hogares que viven de alquiler porque solo el titular del suministro eléctrico puede solicitar el bono, una condición que no es habitual en los arrendamientos. La tasa de cobertura entre los extranjeros se sitúa en el 17,5% en contraste con el 27,2% de los hogares con todos sus miembros nacidos en España y alcanza en el 19,4% entre quienes viven de alquiler, frente al 27,4% de los que tienen una vivienda en propiedad.

Los autores identifican otros dos colectivos perjudicados por el sistema de acceso. En primer lugar, las familias monomarentales, porque los hogares con ambos progenitores tienen una tasa de cobertura “consistentemente mayor”. En segundo lugar, se detecta un alcance menor entre los hogares ubicados en zonas despobladas y con menos estudios.

En conclusión, el análisis econométrico incluido en el estudio que aísla las variables constata los sesgos que ya adelantan las tasas de cobertura: “Las familias numerosas son las que tienen mayor probabilidad de recibir el bono”, señala el documento, al igual que “ser extranjero o residir en un municipio poco poblado reducen la probabilidad” de cobrarlo. Por ello, los autores recomiendan que las administraciones identifiquen de oficio a los beneficiarios, automaticen la concesión conjuntamente con la del IMV e introduzcan un requisito de renta a las familias numerosas.

Esta petición de que las ayudas sean más automáticas es recurrente entre los institutos de análisis y los organismos fiscalizadores, pero el Gobierno suele ser reticente. El Ministerio de Seguridad Social rechazó tajantemente hace unos meses una propuesta de la AIReF en este sentido para aumentar la cobertura del IMV alegando que “no existen bases de datos que contengan información suficientemente precisa sobre las unidades de convivencia”.