La Fiscalía ha apoyado la admisión a trámite de la querella que interpuso Pedro Sánchez, a través de la Abogacía del Estado, contra el juez Juan Carlos Peinado, al que acusa de un delito de prevaricación. El presidente del Gobierno tomó acciones legales contra el instructor del caso Begoña Gómez tras su citación como testigo en el procedimiento, en la que se acogió a su derecho a no declarar desde el Palacio de La Moncloa.
El Ministerio Público considera “arbitraria o injusta” la decisión del juez Juan Carlos Peinado, según el escrito redactado por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
En su argumentación, la Fiscalía destaca que “no se puede descartar a priori que los hechos descritos revistan naturaleza penal” debido a que “la resolución puede calificarse como arbitraria e injusta cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor”.
El escrito también subraya que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, a vista de su resolución, escogió la modalidad de declaración “que mayor difusión da a la práctica de la diligencia, sin valorar siquiera la procedencia de realizarla” por videoconferencia, sin necesidad de trasladarse, como hizo, al complejo presidencial, un “punto de acceso seguro” en la opinión de la Fiscalía.
Asimismo, el Ministerio Público indica que la ampliación de la querella presentada por Pedro Sánchez el pasado 2 de septiembre “no viene sino a abundar en la necesidad de iniciar una investigación a fin de determinar si las resoluciones dictadas pueden enmarcarse en una interpretación de la ley basada en cánones interpretativos admitidos o, por el contrario, persiguen una finalidad ajena al proceso”, como contempla el delito de prevaricación.
En un escrito de la Abogacía del Estado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Pedro Sánchez solicitó ampliar la querella por prevaricación judicial que interpuso contra el juez Juan Carlos Peinado porque, a su juicio, pone en práctica con su instrucción una “injusticia intrínseca” y realiza “interpretaciones forzadas o artificiosas”.
“A nadie se le escapa la relevancia pública, también la eventual relevancia electoral, que pueden tener las resoluciones judiciales que afectan a los cargos del poder ejecutivo”, subrayaba la Abogacía del Estado en su primera querella.
Tres días después, Begoña Gómez también se querelló por presunta prevaricación contra el juez que la investiga al considerar que ha adoptado decisiones “arbitrarias y manifiestamente injustas” y “ha forzado” las normas en una instrucción “perversa”. El abogado de Gómez, el exministro Antonio Camacho, pidió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investigue al magistrado por presuntos delitos de prevaricación, revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y revelación de secretos por cometida por funcionario público.
Cabe recordar que el juez Juan Carlos Peinado señaló en una providencia se podían sacar “conclusiones” del “silencio” del presidente del Gobierno cuando se acogió a su derecho a no declarar ante él en el Palacio de La Moncloa.
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