El Congreso toma medidas para evitar que el súper te time: quiere obligar a las empresas a informar si reducen la cantidad de un producto y te cobran lo mismo

Desde que comenzara la espiral inflacionista a principios de 2021 provocada por la situación post pandémica, la invasión rusa a Ucrania y el consiguiente aumento de los costes de las materias primas, el alza de los precios parecía no tener fin. Fue en julio de 2022 cuando el IPC español tocó techo al alcanzar el 10,8% anual, y desde entonces, parece que se ha ido recuperando la “normalidad” (durante el pasado mes de julio, el IPC se moderó hasta el 2,8%, lo que supone la cifra más baja desde el pasado mes de enero de 2022).

Uno de los sectores que más aumentó sus precios fue el de la alimentación. Se ha visto en productos como el aceite de oliva, que se llegó a triplicar. Sin embargo, algunas compañías alimentarias han aprovechado este escenario y han implementado estrategias para aumentar sus ganancias, mediante técnicas que pueden confundir al consumidor. ¿Alguna vez has notado que en la bolsa de patatas fritas viene menos cantidad pero te ha costado lo mismo? ¿O que en los paquetes de magdalenas ya no vienen diez, sino ocho, pero por el mismo precio? Esto es conocido como reduflación y consiste en disminuir el tamaño o peso de un producto y mantener el precio o incluso incrementarlo.

Por ello, este miércoles, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley propuesta por el PSOE para “obligar a las empresas” a informar a los consumidores de forma clara de cualquier disminución en el tamaño o peso de un producto cuando se mantenga un precio equivalente o superior. Se trata de una iniciativa que ha prosperado sin ningún voto en contra y con la única abstención de Vox, por lo que la Cámara Baja insta al Gobierno a adoptar medidas contra esta práctica, como obligar a las empresas a informar de la misma o realizar campañas de concienciación.

La encargada de defender la iniciativa en el debate del martes fue la diputada del PSOE, Noelia Cobo Pérez, que tachó la práctica como una “auténtica estafa que menoscaba la confianza de los consumidores y las consumidoras”. “Es un ataque directo a nuestro poder adquisitivo y a la transparencia en el mercado. Es una práctica que atenta contra los derechos de los consumidores y consumidoras y que debe ser erradicada”, aseveró en su intervención.

El resto de grupos parlamentarios coincidieron en que se trata de una práctica engañosa y que perjudica al consumidor, pero apuntaron a diferentes causas de su origen y presentaron discrepancias con las soluciones que presenta la iniciativa del PSOE. Por ejemplo, el portavoz económico de Sumar en el Congreso, Carlos Martín, avanzó que su grupo apoyaría la propuesta, al igual que PNV, ERC y Bildu; aunque la considerara “muy reducionista” y se presente en un momento en el que la inflación se ha moderado. En opinión de Martín, son necesarias medidas más concretas como un impuesto inteligente a las grandes empresas de la cadena alimentaria que se adapte a los márgenes de beneficio excesivos que generan esas compañías.

Quienes se mostraron más críticos en el debate fueron PP y Vox, que acusaron directamente al Gobierno de ser el responsable de esta práctica engañosa ante el avance inflacionista de los últimos meses.

En el turno del PP, el diputado Antonio Martínez Gómez subrayó desde la tribuna que han sido las “nefastas políticas económicas” las verdaderas responsables de la reduflación y puntualizó que con el Gobierno de Pedro Sánchez, los alimentos han llegado a encarecerse hasta un 35%.

De su lado, el diputado de Vox, Tomás Fernández Ríos, admitió que la reduflación es un problema y que a nadie le gusta “pagar más por menos”, pero aseguró que el responsable último de esta problemática era el Gobierno como consecuencia de las “absurdas, improvisadas e ideologizadas políticas” que ponen en marcha.