Un guardia civil se enfrenta a siete años de cárcel por apropiarse de 165.000 euros de pagos de comisiones de servicios ficticias

Un agente de la Guardia Civil que estuvo destinado a la Unidad de Gestión Económica (UGE) de la Comandancia de Valencia ha reconocido este lunes ante el jurado popular que le juzga haberse apropiado de al menos 164.835 euros desde 2014 y hasta 2020 falsificando documentación para cobrar comisiones de servicios ficticias.

El acusado, de 67 años, se ha comprometido a devolver la totalidad de lo sustraído tras generar, al menos, en 114 ocasiones documentos sobre comisiones de servicios inexistentes con un calendario de pagos hasta 2037.

Por estos hechos, Fiscalía solicita siete años y un mes de prisión por un delito de falsedad en documentos oficiales como medio para cometer un delito continuado de malversación de caudales públicos con la agravante de abuso de confianza y la atenuante de reparación parcial del daño, ya que hasta el momento ya ha devuelto 5.900 euros y tiene embargados otros 10.221 euros en sus cuentas. Asimismo, reclama 18 años de inhabilitación absoluta.

Por su parte, la Abogacía del Estado, como acusación particular, eleva a ocho años de prisión la petición de la pena, mientras que la defensa la rebaja a cinco años al entender que no concurre la agravante de abuso de confianza.

Al respecto, el procesado ha declarado que “no la puede haber” porque para realizar la gestión de los trámites de las comisiones de servicio debía entregar la documentación a sus superiores para que la firmara. “No era necesario una confianza”, se ha justificado.

El acusado, que entró en la Guardia Civil en 1976, estaba destinado en la Unidad de Gestión Económica de la zona de Valencia, que comprende toda la Comunitat Valenciana, donde se encargaba de la gestión y fiscalización de las comisiones del servicio.

Las irregularidades, según el relato provisional de Fiscalía que el acusado ha reconocido, comenzaron en 2014 cuando el agente, que atravesaba dificultades económicas, prevaliéndose tanto del conocimiento de la correspondiente operativa tanto interna como bancaria, así como de la “confianza de sus mandos”, que eran los que formalizaban los pagos, generó al menos en 114 ocasiones documentos a su propio nombre o de otros agentes con datos que obtenía de las bases para dar “apariencia de verosimilitud”.

Sin embargo, en el “momento idóneo” para formalizar el pago introducía sus propios datos. De este modo, según el ministerio público, las cantidades correspondientes eran abonados en dos cuentas bancarias de su propiedad. Este martes está previsto que se entregue al jurado el objeto del veredicto.

(Con información de Europa Press)