Los domicilios con empleadas del hogar tendrán que evaluar los riesgos de su trabajo a través de una herramienta gratuita

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un real decreto que regula la prevención de riesgos laborales de las empleadas del hogar y de las trabajadoras de los servicios de ayuda a domicilio, sectores que se suelen nombrar en femenino porque más del 90% de sus miembros son mujeres. Se trata de un aspecto recogido en el Real Decreto 16/2022, pero que aún estaba por desarrollar, y que afectará a unas 400.000 personas ocupadas como empleadas del hogar. Es un colectivo de entre 40 y 50 años, con un 45% de población migrante y concentrado en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña.

Según ha explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el texto ha sido debatido con las organizaciones de trabajadoras de ambos sectores y con los sindicatos de clase UGT y CCOO. La norma extiende la prevención de riesgos laborales a las empleadas del hogar y a las trabajadoras de ayuda a domicilio, que tendrán derecho a la evaluación de riesgos de su puesto y a exámenes médicos periódicos y voluntarios, aunque ninguna de estas obligaciones implicarán un mayor coste para los empleadores, ya que serán facilitadas por el estado.

En concreto, será el Instituto Nacional de Seguridad Social y Salud en el Trabajo (INSST) el que pondrá a disposición de los empleadores una herramienta online para evaluar los riesgos del puesto y los exámenes médicos se podrán realizar a través de los servicios públicos de salud. “Todas estas herramientas serán sin coste (...) damos derechos a las trabajadoras y seguridad a las familias”, ha defendido Díaz. Esta disposición de recursos públicos es compatible con la contratación de seguros privados si así lo prefieren las familias empleadoras.

No obstante, según el resultado de las evaluaciones de riesgos, los hogares empleadores sí tendrán que proporcionar a las trabajadoras los EPI necesarios para realizar sus labores. Otros aspectos que incluye la norma es el derecho a la formación continua de las empleadas del hogar y de la ayuda a domicilio por parte del SEPE, como figura para el resto de trabajadores. Esta formación se deberá llevar a cabo durante su jornada laboral o, en caso contrario, se deberá compensar con tiempo de descanso.

Para facilitar la implantación de estas novedades, el Ministerio de Trabajo elaborará una guía de prevención de riesgos laborales en los sectores afectados y también diseñará un protocolo contra el acoso y la violencia en el hogar para cumplir con el convenio 189 de la OIT. Esta norma culmina el proceso de igualar los derechos de las empleadas del hogar al resto de trabajadores y, según ha resaltado la ministra de Trabajo, España es el primer país en regular el derecho a la prevención de riesgos laborales para las empleadas del hogar y la ayuda a domicilio.

España dio los primeros pasos en 2012 obligando a que las trabajadoras domésticas tuvieran que estar dadas de alta en la Seguridad Social. Posteriormente, en septiembre de 2022, se aprobó un aumento de los tipos de cotización para que las trabajadoras del hogar tengan derecho a la prestación por desempleo y el último paso fue la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el pasado 28 de febrero de 2023.