La Justicia archiva la querella del único caso de torturas durante el franquismo que pudo declarar en España

En septiembre de 2023 Julio Pacheco se convirtió en la primera víctima de torturas durante el franquismo en declarar ante un juez del Estado español. El camino no fue fácil, pues ya se habían rechazado más de 100 querellas criminales denunciando crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista. Pero la de Pacheco fue la única en ser admitida a trámite el 12 de mayo del año pasado por la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid, Ana María Iguácel, por lo que después se citó a los querellados en calidad de investigados y se tomó declaración.

Sin embargo ahora, un año después de declarar, la misma jueza ha procedido al archivo de la causa por prescripción, atendiendo al contenido de un auto dictado por el Pleno del Tribunal Constitucional. En este auto, se cerraba la vía judicial en los juzgados españoles de otra querella por delitos de tortura durante la dictadura franquista, presentada por Francisco Ventura Losada, según informan este martes en un comunicado la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CEAQUA) y las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional, Irídia y Sira.

El Tribunal Constitucional, en el auto que ha provocado el archivo de la causa de Pacheco, quien sufrió torturas policiales en la sede de la Dirección General de Seguridad de Madrid en 1975, unos meses antes de la muerte del dictador Francisco Franco, considera que la vigente Ley de Memoria Democrática no sustituye a dicho Tribunal en la interpretación de los derechos fundamentales y que su articulado “es insuficiente y no habilita para investigar los crímenes franquistas”.

Las mencionadas organizaciones han expresado su “más absoluto rechazo y disconformidad” con el contenido del auto judicial al considerar que “consolida un modelo de impunidad inadmisible en un Estado de Derecho y socava e infringe, una vez más, los derechos más elementales que asisten a aquellas personas que sufrieron crímenes franquistas”.

Las organizaciones señalan que han interpuesto un recurso contra el auto judicial ante la Audiencia Provincial de Madrid, pues consideran que ante el contenido de dichos autos “resulta más necesario que nunca que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo se pongan manos a la obra para impulsar todas aquellas medidas legislativas adecuadas para revertir la impunidad de los crímenes franquistas, habiendo quedado de manifiesto la insuficiencia a estos efectos de la Ley de Memoria Democrática aprobada en el año 2022. Con el archivo de la causa instada por Pacheco, añaden, todas las querellas presentadas con posterioridad a la entrada en vigor de dicha norma “han sido inadmitidas y/o archivadas”.

“La responsabilidad en cuanto al mantenimiento de este marco de impunidad es compartida por los tres poderes del Estado y de nada sirve poner el foco, única y exclusivamente, en el Poder Judicial”, insisten las organizaciones en el comunicado.

Asimismo recuerdan que en estos momentos en los que en el Estado español “se están impulsando iniciativas autonómicas que recortan los derechos efectivos a las víctimas de crímenes franquistas, es necesario dar una respuesta contundente mediante medidas legislativas que habiliten la investigación penal de estos crímenes”. Para ello, concluyen, es fundamental que se modifique la Ley de Amnistía para que los crímenes internacionales no puedan ser amnistiados, así como la introducción en el Código Penal estatal del principio de legalidad desde una perspectiva del Derecho Internacional “garantizando que los crímenes internacionales cometidos en el Estado español antes de su tipificación en la normativa interna puedan ser investigados y enjuiciados”.