El Congreso de España reconocerá a Edmundo González como presidente de Venezuela, pero el Gobierno se desmarca

El Ejecutivo de Pedro Sánchez acusa al PP de “intentar dividir” con su proposición no de ley y justifica que su posición, compartida por los 27 miembros de la UE, es la de reclamar que “se hagan públicas todas las actas”

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Edmundo González ya se encuentra en España, donde pedirá asilo.

El Congreso de los Diputados instará al Gobierno a reconocer a Edmundo González Urrutia como “el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela y, por tanto, como presidente electo y legítimo de Venezuela”, según recoge una proposición no de ley registrada por el PP y que recibirá previsiblemente el respaldo de Vox y del PNV, lo que posibilitará que salga adelante cuando se lleve a cabo la votación (se debate en la tarde de este martes, pero se vota el miércoles).

El PSOE, que contempla abstenerse o votar a favor de alguno de los nueve puntos incluidos en la iniciativa, tiene claro que no secundará la petición del reconocimiento del líder opositor venezolano como presidente del país. En este sentido, los socialistas han introducido una enmienda para tratar de modificar el texto. Los socialistas plantean que se trabaje en el seno de la UE para mantener una posición común como hasta ahora, que permita una solución política negociada en beneficio del pueblo venezolano y que incluya analizar si el reconocimiento de Edmundo González Urrutia puede ayudar a ello”.

Por su parte, el Gobierno se ha desmarcado este martes de esta solicitud y no contempla dar un paso que tampoco ha seguido ningún otro país de la Unión Europea. La posición del Gobierno en esta materia es unánime en el seno de la Unión Europea, compartida por los 27 países miembros, basada en exigir “plena transparencia” y ”la entrega de las actas” de los comicios del 28 de julio, tal como ha recordado la ministra portavoz, Pilar Alegría. “Vamos a seguir apostando para que la democracia siga avanzando en Venezuela”, ha añadido para remarcar que el Gobierno haya atendido de manera positiva la solicitud de asilo trasladada por Edmundo González.

Sobre la proposición no de ley del PP, además de referirse a la enmienda introducida por los socialistas, el Gobierno ha manifestado que el PP “tiene un objetivo claro, que es dividir, saltándose la posición que estamos manteniendo todos los países europeos”, ha sostenido Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para zanjar que la iniciativa del PP “roza la irresponsabilidad y el cinismo”.

Exigencias al Gobierno

La iniciativa sin rango de ley se debate apenas 48 horas después de la llegada de Edmundo González a Madrid para recibir asilo político, concedido por el Gobierno español. Pese a esta medida, el texto busca ir más allá e insta al Gobierno a liderar el reconocimiento de Edmundo González en las instituciones europeas e instancias internacionales, con el objetivo de “asegurar que el 10 de enero de 2025 tome posesión como nuevo presidente de Venezuela”. También, llama a exigir al régimen de Maduro el “cese inmediato de la represión contra las protestas pacíficas y la liberación de todos los presos políticos”. Esto incluye la suspensión de “detenciones arbitrarias, la intimidación a ciudadanos y el asedio a representaciones diplomáticas”.

Con el aval a esta petición, el Congreso español reclamará contribuir a “reforzar las medidas de seguridad personal de María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y demás dirigentes de la oposición democrática, quienes enfrentan amenazas por su lucha en defensa de la democracia en Venezuela”. Asimismo, el texto obliga al Gobierno de Pedro Sánchez a liderar en las instituciones de la Unión Europea y en la comunidad internacional “iniciativas para garantizar que el voto de los venezolanos sea respetado, y que se inicie un proceso de transición hacia un sistema de derechos y libertades basado en el reconocimiento de los resultados del 28 de julio”.

Por otro lado, la proposición no de ley pretende que el Gobierno respalde a los representantes elegidos por el pueblo de Venezuela como los “únicos interlocutores legítimos” en las negociaciones para la transición democrática; y promover ante la Unión Europea la “reinstauración de las sanciones a los dirigentes del régimen de Maduro” y su ampliación, dirigiéndolas especialmente “a los intereses económicos de los jerarcas, testaferros y colaboradores de la dictadura”.

Por último, la iniciativa de los populares reclama al Ejecutivo que apoye la comparecencia en el Congreso de la dirección del Centro Carter para que explique con detalle las conclusiones de sus informes sobre las elecciones venezolanas, y que respalde “todas las iniciativas de las fuerzas democráticas venezolanas”.

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