Este jueves, el Gobierno gallego publicó los resultados de un estudio encargado por la propia Xunta, que cifra en 526 millones de euros el coste de la transferencia de la autopista AP-9 a Galicia, mientras que el rescate tendría un coste de entre 1.612 y 2.355 millones. Estos resultados difieren de las cifras que el pasado mes de junio dio el Ministro de Transportes, Óscar Puente, asegurando que el rescate de la concesión de la AP-9 supondría un gasto de 4.000 millones para las arcas públicas, que ascenderían a 6.000 millones si, en paralelo, se hiciese el traspaso.
Fueron la consejera de Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, junto con el director de la Agencia Gallega de Infraestructuras, Francisco Menéndez, y el jefe de Proyectos de la consultora Eptisa, Marcos Maderuelo, los que dieron cuenta en una rueda de prensa de los resultados del estudio, debido a “la falta de transparencia del Ministerio de Transportes”, según asegura la Xunta en un comunicado.
Por ello, el Gobierno gallego encargó en el pasado mes de junio a una empresa “experta e independiente” un análisis pormenorizado para determinar el coste real del traspaso de la AP-9 a la comunidad, una reivindicación que aseguran, llevan reiterando desde el año 2009.
El estudio ha sido remitido acompañado de un informe-análisis jurídico y por una carta firmada por la consejera Martínez Allegue, en la que recalca que “la autopista AP-9 es fundamental para la Comunidad Autónoma de Galicia y su gestión está en el centro de las preocupaciones de los gallegos, por su repercusión en el día a día en la movilidad y en nuestra economía”.
Además, la consejera ha recordado la actual coyuntura, “en la que en el resto de España se están retirando los peajes de vías que hasta ahora eran pagadas por los usuarios”, y cuando se están tramitando dos procedimientos “muy relevantes”: por un lado la Proposición de Ley para el cambio de titularidad de la vía y, por otro, el expediente de infracción abierto por la Comisión Europea, por las supuesta ilegalidad de la prórroga de la concesión. “Por ello, era de enorme interés calcular las cifras del coste que podría suponer para la administración tanto el cambio de titularidad como el rescate del contrato concesional”, justifica en la misiva, en la que también apunta que, a la Xunta, le hubiera gustado contar con la información del Ministerio sobre la concesión y ese procedimiento de infracción. “Precisamente con ese motivo (entre otros) te hemos solicitado formalmente reunión el pasado 8 de mayo”, añade.
Dos escenarios posibles
En el estudio de la Xunta se contemplan dos escenarios posibles: la transferencia de la titularidad de la AP-9 a la Comunidad Autónoma y el rescate total para hacer gratuita la autopista. En el primer escenario, el estudio calcula un coste de 526 millones de euros para la transferencia de la titularidad, conforme a la proposición de Ley que actualmente se tramita en el Congreso. Por otro lado, el segundo escenario proyecta el rescate de la autopista, cuyo coste se estima entre 1.612 y 2.355 millones de euros, lo que conllevaría la gratuidad de la vía.
María M. Allegue subrayó que la Xunta sigue defendiendo esta transferencia, cuya proposición de Ley fue aprobada por el Parlamento gallego hasta en cuatro ocasiones y por unanimidad. Ahora, Martínez Allegue se ha puesto a disposición del ministro “para cualquier aclaración que sea precisa en relación con este informe y, por supuesto, para mantener una reunión en la que se pueda tratar la problemática de la AP-9 y el resto de cuestiones en común” de ambos departamentos.
*Noticia elaborada con información de Europa Press
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