La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha aceptado que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y parte de su cúpula durante su mandato declaren como testigos en el juicio sobre la denominada ‘Operación Kitchen’ tal y como habían pedido las acusaciones populares que ejercen PSOE y Podemos, ha informado Europa Press.
Así, a parte de Rajoy, tendrán que testificar la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, clave porque controlaba al CNI; el sucesor de Fernández Díaz en Interior, Juan Ignacio Zoido; la exministra María Dolores Cospedal, su marido, Ignacio López del Hierro; el exministro Javier Arenas y hasta dos exsecretarios de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa y José Antonio Nieto, así como el exdirector de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó.
No obstante, la AN ha rechazado reclamar al Ministerio de Interior que elabore un informe que detalle el coste total de la denominada ‘Operación Kitchen’, para “determinar el daño y perjuicio económico ocasionado al erario público”, tal y como solicitaba la acusación socialista.
La Sala de lo Penal ha justificado esta negativa en que “se trata de una diligencia de investigación más propia de la fase de instrucción ya cerrada, sin que este tribunal deba practicarla por exceder de sus competencias, además de por ser innecesaria e inútil a los efectos enjuiciados, debiendo estarse a lo actuado”. En cuanto al inicio del juicio, la Audiencia Nacional ha advertido que, “debido a la saturación de plenarios que actualmente tiene este tribunal”, de momento no puede convocar a las partes para ninguna fecha concreta.
La ‘Operación Kitchen’
La denominada como ‘Operación Kitchen’ es la séptima pieza separada del caso Tándem, que investiga los negocios del excomisario José Manuel Villarejo y varios de sus clientes. Fue abierta por el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea en noviembre de 2018 y meses más tarde el magistrado Manuel García-Castellón tomó el relevo al frente de la causa.
La investigación gira en torno a la investigación sobre un supuesto operativo “parapolicial” supervisado y financiado con fondos reservados por el Ministerio del Interior entre 2013 y 2014 para recuperar documentos y grabaciones que el extesorero del partido, Luis Bárcenas, se habría llevado y que eran comprometedoras para el PP, que se encontraba en plenas investigaciones judiciales por su contabilidad.
Actualmente están acusados el ex ministro de Interior Jorge Fernández Díaz y la ex cúpula de Interior, entre los que se encuentran su ex secretario de Estado Francisco Martínez, al que fuera Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, a los responsables policiales José Luis Olivera, Marcelino Martín Blas, José Ángel Fuentes Gago, Bonifacio Díez Sevillano, Enrique García Castaño, Andrés Manuel Gómez Gordo, al comisario jubilado y principal investigado en la causa José Manuel Villarejo y al ex chófer de los Bárcenas Sergio Ríos Esgueva.
Los dos principales imputados, Fernández Díaz y Martínez, pidieron al comienzo del juicio en octubre del año pasado que se elevara la responsabilidad del caso a la cúpula del PP en los años de los hechos, entre 2013 y 2015, cuando Rajoy presidía el partido y Cospedal era la secretaria general. Sin embargo, tanto García-Castellón como la Sala de lo Penal ya rechazaron en su día investigar a la dirección del PP por estos hechos, obviando que todos sus nombres aparecieron en diferentes audios de Villarejo, asegurando que tenían conocimientos de lo que estaba ocurriendo.
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