La Fiscalía alerta del incremento de delitos cometidos por menores en internet: “La ley no es obstáculo para conseguir lo que desean”

La Fiscalía ha presentado este jueves su Memoria anual, en la que han puesto especial atención al uso de internet por parte de los menores. Por una parte advirtiendo de la vulnerabilidad que tienen a la hora del uso de redes, pero también mostrando su preocupación ante el incremento de delitos cometidos por este colectivo.

“La falta de cultura del esfuerzo que fomenta la digitalización se traduce en nuestros jóvenes en una baja –cuando no nula– tolerancia a la frustración, convirtiéndolos en víctimas de la insatisfacción, del estrés y la ansiedad avocándoles a la búsqueda casi constante de la gratificación instantánea”, explican. Esto hace, según los fiscales, que busquen “nuevas experiencias, siendo este el problema que detectamos en los menores en general y en los que delinquen en particular, sin que el incumplimiento de la ley suponga para estos últimos un obstáculo para conseguir lo que desean”.

“El uso de las redes, además, les proporciona una sensación de distancia y seguridad, es decir, aporta a los menores un sentimiento de falso empoderamiento, ‘desinhibición online’, que se traduce en muchos casos en un aumento de la brecha empática con la víctima y un agravamiento de la violencia que se ejerce contra la misma, de modo que las redes y canales de mensajería instantánea pueden convertirse en espacios propicios para la comisión de delitos contra la libertad, contra la integridad moral, delitos de odio, violencia psíquica, acoso etc.”, continúan.

Lo que más preocupa “a los que trabajamos en el ámbito de la justicia, especialmente la juvenil,” de esta situación es “el incremento de los delitos cometidos a través de las redes sociales”, que al final no son más que “un fiel reflejo de la banalización por parte de los menores y jóvenes de los valores de convivencia de los que la sociedad se dotó tras la Constitución de 1978, y con los que hemos crecido muchas generaciones”.

Dentro de los delitos que más preocupan, están los cometidos contra la libertad sexual. Sobre las causas de que cada vez sean más habituales, la Fiscalía pone el foco en la pornografía. Aunque explican que no se puede saber si los menores autores de agresiones sexuales consumen pornografía y en que medida, los datos en los que sustentan esta idea es “la detección en menores de edad, chicos y chicas, de comportamientos altamente sexualizados a edades impropias, con una clara trivialización de las relaciones sexuales” que lleva a “comportamientos sexuales más estudiados, incluso perversos o retorcidos, no acordes con la edad y experiencia sexual que se presupone en la franja de edad de 14 a 17 años”.

“Todavía más ilustrativo, a la par que preocupante, es la constancia de similares comportamientos en menores de 14 años, aunque queden al margen de la responsabilidad penal; información que se nos traslada desde la sección de protección de las fiscalías al tener intervención con los niños y niñas desde los programas socio-educativos del ámbito de protección (arts. 3 LORPM en relación con el artículo 17 bis LOPJM)”, añaden.

“Estas prácticas aprendidas por los menores en un espacio virtual como conductas naturales y asumidas voluntariamente, al trasladarlas a su espacio vital físico devienen en ilícitas, y los/as menores se convierten en delincuentes”, lo que lleva a que " en ocasiones, el inicio de esas prácticas es voluntario, y que cuando lo que perciben no les gusta, sobre todo las jóvenes por sentirse violentadas, surgen los problemas en el mundo físico, porque en el porno como parte del juego sexual a veces se refleja el uso de la violencia”.

“La normal falta de experiencia, unido a un aprendizaje erróneo, lleva a reproducir lo visionado en la creencia de que es lo que hay que hacer y de lo que la mujer espera que haga, utilizando una violencia que transforma la conducta en delictiva”, agregan.

Esto lleva a nuevos problemas, como la demostración del consentimiento en las prácticas sexuales, concepto sobre el que se desarrolla los asuntos judicializados. “Es evidente que en este ámbito la comunicación humana no es solo verbal, lo que puede dar lugar a malentendidos, circunstancia que dificulta determinar la existencia o no de consentimiento en la relación”, denuncian.

Ante esta situación, el Ministerio Público indica que son imprescindible “actuaciones orientadas a una mayor concienciación del riesgo por vía de la prevención, que ha de ser extensiva tanto a los menores como a los adultos de los que dependen”. Para ello, ponen el foco en la educación como “herramienta de protección frente a los riesgos digitales”, y a través de ella “ha de trasladarse el buen uso de las tecnologías y la adopción de medidas adecuadas de protección”.

Sin embargo, advierten que las campañas divulgativas y los cursos de concienciación que se imparten en los colegios e institutos, aunque son “fundamentales, resultan a todas luces insuficientes”. “Esta insuficiencia en gran medida responde a que nuestra sociedad no está siendo capaz de trasmitir adecuadamente a los menores y jóvenes valores tan importantes como el respeto, la tolerancia, la empatía y dignidad personal, lo que tiene un claro reflejo en sus comportamientos y en la forma en que se relacionan entre sí, no solo virtualmente”, agregan.

Por ello, explican que las medidas enfocadas en limitar el acceso a las redes sociales no son viables, ya que sería “no reconocer el aspecto positivo de los extraordinarios avances sociales que la tecnología ha incorporado a todos los niveles”. Lo que si podría ser beneficioso es que “los menores reciban formación educativa relacionada con la autoprotección de su intimidad, de forma que bloqueen contraseñas, instalen antivirus, tapen la webcam, no compartan contraseñas o las cambien si son conocidas por terceros, en especial en casos de rupturas afectivas, entre otras medidas de protección”.