Igualdad asegura que el error en la Ley de Paridad que deja despedir a empleados con adaptación de jornada se subsanará “la semana que viene”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este jueves que su cartera trabaja en la subsanación del “error técnico” en la Ley de Paridad que desprotege ante el despido a los empleados que se acojan al permiso de cinco días para cuidar familiares o adapten por ello su jornada, de forma que “la próxima semana” se tramitará como enmienda “para proteger a todos los trabajadores en la conciliación familiar y laboral”.

Redondo, que ha comparecido ante la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, ha asegurado que se ha difundido un “alarmismo” sobre este error, cuando en realidad “los trabajadores no están desprotegidos”, pues tienen garantizados sus derechos “por las propias normas” como es el Estatuto de los Trabajadores y ha advertido de que si se despide a un empleado por solicitar un cambio de jornada por cuidados o para conciliar “será considerado nulo”. “El Estatuto de los Trabajadores contempla el derecho a no ser discriminado por razones de conciliación. La Ley de Paridad no va a producir una desprotección, sino que se va a aplicar coherentemente”, ha insistido.

Asimismo ha indicado que la jurisdicción laboral también “es garantista con los derechos de los trabajadores” y que los empresarios, por lo general, “respetan esos derechos”.

La ministra también se ha mostrado preocupada por la “desinformación en torno a la Ley de Paridad” que ha surgido en las últimas semanas, pues esas falsas informaciones tratan de “denostar y ridiculizar” las políticas de Igualdad, y en particular al ministerio, cuando el objetivo de la cartera es “avanzar en justicia social”, ha asegurado en su intervención. “Cualquier medida, cualquier ley impulsada por Igualdad, se aprecia con una lupa de 100 aumentos (...) y desde que asumió Bibiana Aído [en 2008 como ministra] el ministerio no ha tenido tregua, ni sus políticas, ni quienes están al frente del mismo”, ha lamentado.

Con cada avance en temas de Igualdad, “ante este cambio de paradigma”, ha recordado, “existen resistencias” y ha reprochado a la oposición que siga “menoscabando y ridiculizando” estas políticas “con el propósito de que desaparezca el ministerio”. “Las políticas de Igualdad no son prescindibles, son necesarias para la construcción de una democracia paritaria”, ha aseverado, al tiempo que ha mostrado su preocupación por la “banalización de la violencia de género”: “O trabajamos de forma conjunta en esta revolución o fracasaremos como sociedad”.

En cuanto a la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, la ministra ha precisado que desde que entró en vigor en marzo de 2023 y hasta la fecha un total de 5.900 personas han ejercido su derecho al cambio registral de sexo, viendo así como la norma “aliviaba su sufrimiento”, pues su objetivo, ha asegurado, “es facilitar la vida de las personas”.

De ese total, 85 peticiones han sido denegadas, 8 solicitantes han desistido y en 5 casos ha caducado el expediente. En ese sentido, Redondo ha defendido la labor de los encargados del registro, ya que “hacen bien su trabajo cuando detectan irregularidades o sospechan la existencia de fraude o abuso del derecho deniegan la inscripción”, y ha insistido en que “en el 99% de supuestos la normalidad y el buen uso de la ley es la tónica”.

Redondo ha lanzado un claro mensaje a quienes quieren abusar de la ley y ha advertido de que se encontrarán con dos problemas: los delitos derivados de actitudes violentas y el fraude de ley, prohibido por el Código Civil. “Ahí es donde debemos poner el foco: en el defraudador y en quienes le alientan, muchas veces organizaciones y entidades que rechazan la diversidad y que añoran los tiempos en que la ley de peligrosidad social o la ley de escándalo público estaban en vigor”, ha precisado.

A juicio de la ministra, la Ley 4/2023 es una “buena hoja de ruta” que debe implicar a todas las administraciones y a todos los actores en el despliegue de las políticas públicas “para eliminar la discriminación, el acoso y las actitudes de odio que aún hoy siguen sufriendo las personas LGTBI+ y para potenciar su visibilidad y participación social”. “Si hay fraude en la aplicación de esta ley se detecta, se denuncia y se interviene, como se hace con respecto a cualquier otra ley”, ha concluido.

La propia Ley Trans, en su artículo 46.3, establece que la rectificación de la mención registral relativa al sexo y en su caso el cambio de nombre, no alterarán el régimen jurídico que con anterioridad a la inscripción del cambio registral fuera aplicable a la persona a los efectos de la ley orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Es decir, que, aunque el agresor cambie el sexo en el registro civil, no podrá evitar responder de los delitos de violencia de género previamente cometidos.