El PP recurre la ley de amnistía al Constitucional más de tres meses después de que se aprobara en el Congreso

El PP ha registrado este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Aunque anunciaron este recurso antes de que se hiciera público el texto de la ley (el pasado mes de noviembre), los populares lo han oficializado más de tres meses después de que la norma recibiera luz verde en el Congreso. Concretamente, se aprobó el pasado 30 de mayo y entró en vigor el 11 de junio.

Los de Alberto Núñez Feijóo se jactan de que, presentando dicho recurso, son “el único partido de Estado que queda en el arco parlamentario de nuestro país”. Cabe señalar que de los cuatro partidos del Congreso que se opusieron a la norma, solo el PP puede utilizar este instrumento, ya que el resto de formaciones contrarias (Vox, UPN y Coalición Canaria) no cumplen con el requisito indispensable para presentar un recurso (son necesarios al menos 50 diputados o 50 senadores).

A pesar de la demora, la número dos del PP, Cuca Gamarra, ha explicado que presentar este recurso era “necesario” y una “obligación moral”. Además, los populares critican la medida de gracia a los encausados por el procés catalán por ser “inconstitucional e inmoral”, ya que entienden que su única premisa era “otorgar inmunidad a una casta política para que Sánchez fuera presidente del Gobierno de España”.

La ley ha sido hasta ahora la piedra angular de la legislatura, puesto que Pedro Sánchez logró revalidar al frente del Ejecutivo a mediados de noviembre del año pasado gracias a esta norma, acordada con Junts y ERC. El texto legal sufrió varios cambios durante su tramitación parlamentaria para sortear la causa judicial contra Carles Puigdemont por terrorismo.

En todo caso, la magistrada del Tribunal Supremo Susana Polo confirmó el pasado martes el archivo de la investigación contra el expresident catalán y el diputado de ERC Rubén Wagensberg por sus vínculos con la organización Tsunami Democràtic. Esta decisión se adoptó una vez el juez Manuel García-Castellón archivó la causa de la Audiencia Nacional en la que figuraban diez personas investigadas, incluida la dirigente de ERC, Marta Rovira, tras la decisión de la Sala de lo Penal de declarar la invalidez de las diligencias en esta causa desde el 29 de julio de 2021.

Así, a tenor de las cifras publicadas por Europa Press, hasta mediados de agosto, el número de personas beneficiadas por la amnistía supera el centenar —102 personas— (es la suma de condenados que han sido exonerados y absueltos que han visto cancelados sus antecedentes). Todas las amnistías concedidas hasta la fecha han sido acordadas en los tribunales y juzgados con sede en Cataluña.

Entre los beneficiados destacan el jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; el escolta del propio expresidente de la Generalitat Lluís Escolà, el exconseller de Interior del Govern Miquel Buch o la exalcaldesa de Figueres Marta Felip, entre otros. No obstante, la amnistía a Puigdemont está estancada después de que el juez de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rechazara perdonar el delito de malversación que atribuye a Puigdemont.

En este sentido, una de las principales demandas de Junts al Gobierno es que presione a la Fiscalía para exigir la aplicación de la ley de amnistía. “El Gobierno debe ser mucho más activo y la Fiscalía debe actuar”, señaló el pasado martes el secretario general de la formación, Jordi Turull. Ni más ni menos, la formación independentista quiere que el Ministerio Fiscal se querelle contra el juez del alto tribunal al entender que no está aplicando de manera correcta la ley y le acusa de “retrasar” los recursos presentados contra su decisión de no exonerar el delito de malversación.