Marlaska coloca de jefe de la Guardia Civil en Madrid a un general que pide prisión militar para una denunciante de corrupción

Este miércoles, día 4 de septiembre, se hace efectivo el traspaso en la jefatura de Zona de la Comunidad de Madrid de la Guardia Civil o lo que es lo mismo, el máximo mando del instituto armado en la región. Tras la salida del general de división José Antonio Berrocal por razón de edad, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, designó de forma anticipada el cargo al también general Fernando Mora.

El nombramiento del nuevo responsable de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 16 de agosto. Distintas voces internas de la Guardia Civil afirman que “no es habitual” que se designen este tipo de cargos de responsabilidad con tanta anticipación. Algunas fuentes apuntan a un posible intento de “frenar” la posible asunción del cargo de forma interina por parte del coronel Diego Pérez de los Cobos, que mantiene su particular cruzada con Marlaska en el reclamo de su ascenso a general.

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No obstante, el nombre del general de división Fernando Mora, que hasta hora ocupaba la jefatura del Estado Mayor de la Guardia Civil, no solo fue noticia en la recta final del periodo vacacional por su nuevo destino. El pasado 28 de agosto, la actual brigada del instituto armado María Serrano realizó una “revelación pública” en amparo de la ley de protección a los denunciantes de corrupción, que entró en vigor el año pasado. Ante un nutrido público y apoyada por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), aseguró haber sido “brutalmente represaliada” en el seno del instituto armado y, en concreto, por el propio general Mora, que pide para ella una pena de un año de prisión militar.

Según el testimonio de la brigada Serrano, en 2015, cuando ella era sargento, denunció a un cabo primero, uno de sus subordinados, por presuntas corruptelas en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Sevilla. Elaboró un informe, logró que se abrieran diligencias de investigación, pero el caso se acabó archivando al estar prescritos los hechos. Después, denunció por insubordinación a dicho cabo primero, al que abrieron un expediente disciplinario que también se cerró sin castigo.

Al mando de la Comandancia de Sevilla estaba el que por entonces era coronel Fernando Mora. En su revelación pública, la brigada Serrano aseguró que este mando la “humilló, vociferó, insultó, abochornó y ofendió” en el interior de su despacho, “en un tono de los más agresivo, fuera de sí y a viva voz”. Le dijo que era ella quien “no encajaba en la unidad” y que “estuviera quieta de una puta vez, que no había ganado, que dejara de sacar mierda de la unidad, que hiciera las maletitas”. María Serrano perdió el destino y fue apartada de la especialidad. Mientras tanto, un tribunal militar decretó que las palabras del por entonces jefe de la Comandancia de Sevilla formaron parte de una “riña paternal”.

Pero las “represalias” no quedaron ahí. El ahora general de división Fernando Mora la denunció en 2017 por denuncia falsa, por lo que se enfrenta a una petición de un año de prisión militar. El juicio había sido fechado para los días 17 y 18 de este mes de septiembre, pero el tribunal militar lo ha suspendido sine die. Ahora, Serrano se encuentra de baja médica y ha decidido dar un paso adelante.

Desde AUGC, asociación que ha dado soporte a la revelación de Serrano, insisten en su rechazo a la justicia militar como “medio de represión” contra los guardias civiles. En este sentido, cabe recordar que los agentes condenados a penas privativas de libertad deben cumplirlas sea cual sea la cuantía de la misma. Además, no tienen derecho a recurrir a una segunda instancia.