El Tribunal de Cuentas Europeo critica la “lenta” gestión española de los fondos de recuperación: “Siguen existiendo muchos problemas”

La última auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo ha puesto en evidencia las debilidades de España en la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Este mecanismo, diseñado para proporcionar liquidez a los Estados miembros tras la crisis del Covid-19, ha mostrado importantes fallos de ejecución en el caso español, destacando por su desconexión entre el desembolso de fondos y su absorción efectiva en proyectos e inversiones. Desde el organismo europeo señalan que “el plan nacional de recuperación y resiliencia de España contenía una serie de reformas específicas para modernizar la administración pública del país”, pero presenta “dificultades para planificar adecuadamente los recursos necesarios”.

El informe detalla múltiples conflictos que han frenado el uso de estos recursos comunitarios. Entre ellos, se menciona el retraso en la ejecución de los grandes proyectos financiados por el MRR, lo que ha generado una creciente incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos comprometidos con Bruselas. En un contexto donde la Comisión Europea exige avances tangibles, los resultados obtenidos hasta ahora en España son “lentas” y alarman sobre posibles sanciones futuras. Consideran que “la finalización de alguna medida no fue tan rápida como se esperaba” y citan una reforma prometida “para reforzar la capacidad de la administración con el propósito de atraer y retener al personal”.

El informe señala que, aunque España recibió los primeros fondos de prefinanciación del MRR en 2021, no fue hasta 2022 que esos recursos comenzaron a llegar a los destinatarios finales. Sin embargo, esta primera fase de prefinanciación no estuvo directamente vinculada al cumplimiento de hitos específicos, lo que contribuyó a la desconexión entre la llegada de los fondos y su ejecución real en proyectos concretos. Uno de los problemas más notorios es el retraso en la absorción de los fondos destinados a inversiones clave, como los proyectos de renovación de viviendas. El objetivo inicial de renovar 510.000 viviendas tuvo que reducirse a 410.000 debido a la inflación y al encarecimiento de las materias primas. La interrupción de las cadenas de suministro globales también afectó gravemente la ejecución de proyectos de infraestructura, aumentando los tiempos de espera para acceder a materiales y recursos esenciales.

Además, el informe cuestiona la capacidad administrativa del Gobierno español para gestionar los fondos. El Tribunal de Cuentas Europeo destaca que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha sido capaz de modernizar adecuadamente la administración pública ni de mejorar los procedimientos de contratación, lo que ha acrecentado los problemas de ejecución. La auditoría subraya también la falta de comunicación y coordinación con las administraciones autonómicas y locales, lo que genera un entorno de burocracia masiva y lenta en la tramitación de proyectos.

El informe también resalta la falta de personal especializado en las áreas clave para la gestión del MRR. Esta carencia ha sido un obstáculo recurrente desde el inicio del proceso, limitando la eficiencia y la velocidad en la ejecución de los proyectos financiados con fondos europeos. A pesar de los intentos por reforzar la capacidad administrativa, tres años y medio después, los problemas persisten y ponen en riesgo no solo la ejecución de los proyectos actuales, sino también la posibilidad de acceder a futuros programas de financiación europeos.

Otro aspecto que aborda la auditoría es la modificación de los planes nacionales por parte de los Estados miembros. En el caso de España, se han propuesto numerosas revisiones a la baja, tanto en la Adenda como en la negociación del cuarto desembolso. Aunque estas modificaciones han sido aprobadas por la Comisión Europea, generan dudas sobre la capacidad de España para cumplir con los objetivos revisados en los plazos acordados. Uno de los principales problemas detectados es la falta de transparencia en la gestión de los fondos. El Gobierno de Sánchez no ha proporcionado información clara sobre el impacto de estas modificaciones ni sobre la absorción real de los recursos, lo que ha generado desconfianza tanto entre los ciudadanos como en las instituciones europeas.

El Tribunal de Cuentas Europeo lanza una advertencia: la mala gestión de los fondos europeos podría tener graves consecuencias para España. Si los problemas de ejecución persisten y no se resuelven los obstáculos administrativos, el país corre el riesgo de perder acceso a futuras financiaciones de la Unión Europea. La absorción ineficiente de los fondos NextGen no solo compromete el crecimiento económico esperado, sino que también puede generar restricciones más severas por parte de Bruselas en futuros desembolsos.

España, uno de los países más beneficiados por los fondos del MRR, se encuentra en una situación compleja. Hasta finales de 2023, España había recibido casi 48.000 millones de euros, lo que la coloca como el Estado que más transferencias ha recibido de la UE. Sin embargo, a pesar de este logro, el país también ha experimentado serios retrasos en la presentación de solicitudes de pago a la Comisión Europea y ha enfrentado dificultades para cumplir con algunos de los hitos y objetivos necesarios para recibir nuevos desembolsos.

España había recibido un 46% de la financiación total asignada, superando la media de la UE, que se situaba en un 37%. Sin embargo, solo había cumplido el 29% de los hitos comprometidos, frente a la media del 19% en el conjunto de los países de la UE. A pesar de estar ligeramente por encima de la media, los retrasos en la ejecución de algunos proyectos y la reducción de ciertos objetivos han generado preocupación. De las 10 medidas analizadas por el Tribunal, cinco sufrieron modificaciones y aplazamientos.