Cuando el desahucio llama por tercera vez a tu puerta sin alternativas habitacionales: “Esto mata más que las enfermedades”

Juan José Hernández lleva días sin pegar ojo. Es incapaz de conciliar el sueño desde que el pasado 21 de agosto los Servicios Sociales le comunicaron que será desahuciado el 6 de septiembre de la casa del barrio madrileño de Vallecas en la que lleva viviendo desde 2012. Este hombre de 70 años, enfermo del corazón y en plena recuperación de un cáncer de colon, no tiene familia que le pueda echar una mano si se queda en la calle y no deja de pensar qué hará el viernes si finalmente le desalojan.

“¿Dónde me voy a ir si me echan, debajo del puente? Llevo días sin poder dormir ni comer, dando vueltas a la cabeza todo el tiempo. No sé qué voy a hacer si no me dan una solución”, cuenta Juan José a Infobae España mientras agita las manos. “Esto de los desahucios mata más que las enfermedades y encima llega el invierno”, lamenta.

En el año 2012 Juan se encontraba en situación de calle y un día, en la plaza en la que dormía, unos jóvenes se le acercaron para preguntarle si quería “meterse en una casa”, ya que ellos se marchaban, y no dudó en ocuparla porque después de muchos años “por fin podía tener un techo”. El piso en cuestión pertenece a la Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid (antiguo Ivima), una de las mayores tenedoras inmobiliarias, y ha tratado “por todos los medios”, asegura, de regularizar sin éxito su situación. Este, de hecho, es el tercer intento de desahucio al se enfrenta. En 2019, y “gracias a la ayuda de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social”, lograron parar el primer intento de desalojo en la propia puerta de su casa y lo mismo ocurrió con el segundo, que tuvo lugar el pasado mes de julio, aunque en esta última ocasión solo le concedieron unas semanas para que se pudiera organizar y entregara la vivienda.

La única alternativa que los servicios sociales han ofrecido a Juan José es la posibilidad de entrar en una residencia pública, aunque es consciente de que conseguir una plaza “cuando hay tanta gente en lista de espera es muy difícil” y, además, descarta la opción de residir en un geriátrico. Asegura que con su pequeña pensión y “lo que puede ir sacando de recoger chatarra algún que otro día” puede pagar un alquiler social, por lo que insiste en la necesidad de que se regularice su vivienda, como ya ha ocurrido en otros muchos casos en la Comunidad de Madrid. “Yo no quiero estar aquí viviendo gratis, pero si me voy a una residencia me muero, porque todavía puedo valerme por mí mismo. Aquí pudo pasear con mis amigos, este es mi barrio”, explica. “Parece que las administraciones, en vez de ayudar a los pobres, no nos dan respiro, nos tiran como a perros a la calle y somos seres humanos”, añade con voz firme.

La Agencia de Vivienda Social, que gestiona actualmente cerca de 25.000 pisos para familias con escasos recursos, ha regularizado a inquilinos que en un momento determinado ocuparon irregularmente una de sus viviendas. De hecho, el pasado mes de mayo, en la comisión de vivienda de la Asamblea de Madrid, el director gerente de este organismo público, Eusebio González, señaló que se habían realizado 1.175 de estas regularizaciones de un total de 3.500 solicitudes recibidas, y aclaró que solo lo estaban haciendo en casos de residentes “que no generan problemas de convivencia” y que cumplen ciertos requisitos. Sin embargo, a pesar de que Juan José solicitó esa regularización y ha demostrado que no es un vecino conflictivo, la AVS se lo denegó.

Para poder regularizar la situación de la persona que está ocupando una vivienda, por lo general la AVS requiere a la persona que acredite por cualquier medio válido (recibo de luz, agua, comunidad) que la vivienda es su domicilio familiar permanente, al menos, desde hace un año. Además, debe cumplir con todos los requisitos que se exige a los adjudicatarios de un piso público en cuanto a renta. Si algún ocupante ha sido condenado por delito de usurpación de una vivienda pública o se encuentra inmerso en una causa penal por este delito, la agencia no firma contrato con esas personas. Tampoco pueden optar a la regularización los que hayan sido condenados por un tribunal a consecuencia de un conflicto vecinal o sobre los que pesen informes en los que se acredite esa “conflictividad vecinal”.

Este tipo de regularizaciones se acogían al artículo 14 de la Ley 9/2015 de Medidas Fiscales y Administrativas, que permitía el acceso de un régimen excepcional de alquiler a favor de ocupantes sin título que acreditaran residir en la vivienda con anterioridad 2016. Pero desde diciembre de 2022, ya no se pueden hacer, porque la llamada Ley Ómnibus, que salió adelante en la Asamblea de Madrid con los votos del Partido Popular y Vox, modificó el mencionado artículo.

Esta, sin embargo, es la teoría, porque desde la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social consideran que sí se están llevando a cabo estas regulaciones excepcionales pese a la polémica norma impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Solo así, aseguran, se explica que se hayan alcanzado esas 1.175. En su día, el director gerente de la AVS tampoco explicó en la Asamblea cuándo se habían realizado las regularizaciones y tampoco se lo aclaró a este periódico cuando fue preguntado por ello.

“Si en teoría está prohibido pero siguen regularizando a familias vulnerables, no entendemos por qué no lo hacen con el caso de Juan José. Pedimos a la Comunidad de Madrid que siga llevando a cabo estas regulaciones porque son muchas las personas que están en esta situación y temen quedarse en la calle”, indica Angelines Díaz, portavoz de la plataforma.

Juan José reconoce que en los últimos años no ha dejado de pensar en si esa regularización, ese alquiler social, se convertiría en realidad algún día “después de tanto sufrimiento” y, aunque ahora más que nunca sabe que el tiempo juega en su contra, asegura que seguirá luchando por un techo donde pueda vivir.